MADRID, 3 de julio.

En un movimiento enérgico, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo solicitando su liberación inmediata. Considera que no existen suficientes pruebas en su contra, apenas tres días después de que el juez Leopoldo Puente decidiera enviarlo a prisión provisional al acusarlo de ser el líder presunto de una red dedicada al cobro de comisiones a cambio de contratos de obras públicas.

La defensa de Cerdán ha argumentado que esta medida de prisión no se justifica por la falta de indicios claros de criminalidad, lo que contraviene su derecho a la presunción de inocencia. En su apelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refuerza la idea de que la decisión del tribunal es insuficientemente fundamentada.

Respecto a las acusaciones sobre presuntos amaños en obras del Estado, el abogado defiende que Cerdán actuaba simplemente como un portavoz entre el partido y el Gobierno, y que su interés por ciertas obras en el período previo a la campaña electoral respondía a la necesidad de desbloquear proyectos que estaban parados.

Además, la defensa sostiene que el juez malinterpreta las declaraciones de Cerdán, al apuntar que sus acciones eran guiadas por intereses partidistas en lugar de por el bienestar público. Cerdán había mencionado sentirse orgulloso de haber revitalizado las obras de la carretera N-121A en Navarra, que había sido escenario de múltiples accidentes mortales antes de la intervención, una mejora que, según su defensa, debería ser valorada positivamente.

El planteamiento del magistrado, que sugiere que los esfuerzos de Cerdán estaban orientados a obtener beneficios electorales para su partido, es visto por la defensa como un juicio parcial e injusto. Consideran que el instructor se ha dejado llevar por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin un análisis crítico adecuado.

El auto judicial, que se extiende a lo largo de más de 40 páginas, señala que existen "indicios suficientes" para considerar que Cerdán, junto a figuras como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, podrían haber formado una organización criminal con el objetivo de lucrarse de la adjudicación irregular de obras públicas.

El juez argumenta que esta red operaba desde su origen en Cerdán y Koldo, quienes habrían establecido un patrón de conducta en colaboración con empresas como Servinabar. Ábalos, al asumir el ministerio, habría dado un paso más al nombrar a García como asesor con el objetivo de facilitar el acceso a licitaciones que beneficiarían a ciertos grupos en detrimento de la transparencia y la competencia.

Las irregularidades mencionadas incluyen la adjudicación de contratos a Acciona Construcciones, junto a empresas más pequeñas, sin seguir el procedimiento de selección de la mejor oferta económica posible. Todo esto, según el magistrado, se llevaría a cabo mediante un sistema en el que Cerdán recolectaba los pagos indebidos y los entregaba posteriormente a Ábalos y García.

El juez ha indicado que Cerdán mantenía una relación subordinada con estos, encargándose de gestionar los beneficios obtenidos ilícitamente. En el caso de Ábalos, su influencia como ministro sería determinante en la gestión de adjudicaciones, que se realizaban mediante una comunicación constante con altos funcionarios del ministerio.

Finalmente, el tribunal sospecha que podría haber otras personas o entidades involucradas en esta presunta trama, calculando que los beneficios acumulados podrían ascender a más de cinco millones de euros. La conclusión del magistrado es que Cerdán, por su posible rol central, tiene el riesgo de alterar o destruir pruebas relevantes, lo que motiva su ingreso en prisión preventiva.