En València, el avance de la investigación acerca de la devastadora tormenta DANA que azotó la región el 29 de octubre sigue su curso. La magistrada que lidera esta causa ha solicitado información adicional referente al barranco del Poyo, donde se produjeron notables afectaciones, incluyendo un trágico saldo de 228 vidas perdidas y severos daños materiales.

Según una providencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha decidido requerir detalles sobre los recursos de emergencia desplegados en esa jornada. Este requerimiento se produce dentro del marco judicial que busca esclarecer las circunstancias en torno a la gestión de la crisis, específicamente a través de una petición realizada por Acció Cultural del País Valencià.

La solicitud exige que la Conselleria de Emergencias envíe en un plazo de cinco días una copia de la notificación enviada a las 12:30 del 29 de octubre, en la que se pedía mantener vigilancia sobre el río Magro y el barranco del Poyo. La jueza también ha ordenado identificar tanto al emisor como a los receptores de dicha comunicación.

Además, se requiere una copia de la autorización emitida por el coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia para activar la respuesta de emergencia. Esta comunicación deberá detallar las áreas específicas que fueron afectadas, incluyendo tanto el río Magro junto al puente de Carlet como el barranco del Poyo que abarca las zonas de Torrent, Picanya y Paiporta.

En una acción adicional, la jueza ha pedido al Consorcio Provincial de Bomberos que entregue un informe detallado sobre las unidades que se movilizaron durante la emergencia. Esto incluye información sobre los lugares donde operaron, los horarios de llegada y finalización de sus tareas, así como los informes generados sobre la situación.

Por otra parte, también se ha solicitado información sobre la disponibilidad de helicópteros de bomberos forestales en la fecha del suceso y si se solicitaron permisos de vuelo para su uso. La jueza demandó especificar cuál fue el uso de estos recursos a lo largo de aquel día crítico.

A su vez, a instancias de la Confederació Intersindical Valenciana, la magistrada ha decidido solicitar a la sala de atención del 112 que, en un plazo de cinco días, entregue copias de los informes elaborados por el supervisor de dicha sala durante la noche del 28 al 29 de octubre, así como los tres reportes elaborados a lo largo del día de la inundación para la transferencia de información entre turnos de supervisores.

Finalmente, la jueza ha ordenado que se envíen las grabaciones del mensaje 'VRU' que se emitieron desde la sala de atención de llamadas, junto con una certificación sobre la hora en la que estos mensajes fueron publicados y modificados, en función de la evolución de la emergencia. Este esfuerzo en la recopilación de información se enmarca en la necesidad de esclarecer la respuesta ante una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la región.