En un nuevo desarrollo del 'caso hidrocarburos', José Fernández Rosado ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional que Cristian Corvillo, quien ha sido relacionado con el Partido Popular como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE, le propuso desempeñar el rol de testaferro en una empresa.

Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Fernández Rosado reveló que Corvillo, junto a Miguel Romero Bravo, le ofrecieron ser el administrador de Espaeventos, una de las compañías bajo investigación, a cambio de un pago que, según él, nunca llegó a recibir.

Durante su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, Fernández afirmó que Corvillo y Romero eran los responsables de la gestión de Espaeventos y que le encomendaban firmar diversas operaciones y transferencias bancarias.

El investigado explicó que su salida de la empresa tuvo lugar en 2023 tras un desacuerdo con Corvillo y Romero relacionado con transferencias a entidades en Portugal, así como un ingreso de un millón de euros cuyo origen le resultaba desconocido.

Según las declaraciones recogidas, Fernández se opuso a aceptar dicho ingreso, lo que desembocó en su salida de la empresa. Antes de dejar su cargo, también comunicó a la Agencia Tributaria que Espaeventos debía más de 10 millones de euros en impuestos.

Este testimonio se produce tras la admisión de culpabilidad por parte de otro investigado, Javier Sequi, quien admitió haber actuado como administrador de una empresa vinculada a la trama a cambio de 3.500 euros mensuales "sin realizar ninguna labor".

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugiere que la red de hidrocarburos no solo se infiltró en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos, sino también en otras carteras clave como las de Industria, Comercio y Turismo, y Transición Ecológica y Reto Demográfico, que eran gestionadas por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

La infiltración se habría llevado a cabo a través de un individuo llamado Aldama, que tenía acceso al círculo cercano de Ábalos y buscaba influir en la otorgación de licencias a Villafuel para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, a pesar de no cumplir con los requisitos legales establecidos, todo a cambio de una compensación económica, según las declaraciones de la UCO.

Los investigadores también identificaron a Aldama y al empresario Claudio Rivas como supuestos cabecillas de la organización, responsables del control y coordinación de las operaciones delictivas.

La trama se habría estructurado como una organización criminal dedicada a la comisión de delitos fiscales en el sector de los hidrocarburos, desarrollando su actividad a través de Villafuel y otras empresas relacionadas.

Además, se señala que la organización contaba con una red adicional destinada a blanquear los capitales obtenidos a partir de sus actividades ilícitas, según detalla el informe de la UCO.

Se establece que las operaciones ilegales habrían iniciado en 2020, cuando se solicitó a Aldama que movilizara su red de contactos para interceder con funcionarios del Ministerio de Transportes con el fin de que Villafuel obtuviera la licencia correspondiente.

Asimismo, se calcula que la trama habría invertido un millón de euros en sobornos al empresario y al exministro Ábalos, así como a su exasesor Koldo García.