Un nuevo capítulo en el ámbito de la seguridad pública se abre en Madrid tras la decisión del juez de Instrucción número 45 de investigar al delegado del Gobierno, Francisco Martín. Esta acción se da a raíz de un informe recibido de Manos Limpias, que ha presentado una denuncia en relación con el despliegue policial durante la reciente celebración de La Vuelta a España, donde se produjeron numerosas protestas en apoyo a Palestina.

En un auto judicial, del cual Europa Press ha conseguido una copia, el magistrado ha comenzado diligencias previas basadas en la acusación de imprudencia grave y otras situaciones que podrían haber llevado a lesiones a los ciudadanos. La denuncia de Manos Limpias no solo menciona lesiones por imprudencia, sino que también incluye posibles cargos de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación administrativa.

El documento legal detalla que el operativo policial montado por Francisco Martín fue considerado claramente inadecuado por diversos sindicatos policiales. Según la denuncia, el enfoque del Gobierno en este caso se limitaría a una estrategia de imagen que buscaba minimizar la repercusión negativa de las protestas, evitando la confrontación directa con los manifestantes.

Los denunciantes señalan que las instrucciones recibidas por las fuerzas del orden estaban “diseñadas para fallar”. Los agentes expresaron estar en una situación de impotencia, ya que no se les otorgaron órdenes claras durante las tensas manifestaciones, lo que resultó en una incapacidad para enfrentar adecuadamente los actos violentos que se registraron.

La queja de los antidisturbios es contundente: afirman haber sido enviados a un operativo sin una planificación adecuada y sin protocolos para gestionar la situación, lo que se asemeja a una parálisis operativa en medio de la violencia, perfectamente catalogable como kale borroka o terrorismo callejero.

Por otra parte, Manos Limpias criticó duramente las declaraciones del delegado, quien alabó a través de los medios la aparente “exitosa” gestión del evento, minimizando la seriedad de los incidentes ocurridos, incluidos los 25 policías heridos y la sorprendente cifra de solo dos detenidos. Esto plantea dudas sobre la eficacia del dispositivo y las verdaderas órdenes que se impartieron.

En vista de estos acontecimientos, los denunciantes han solicitado que se escuche en el tribunal a los agentes afectados por las lesiones y a los representantes de las organizaciones policiales que han cuestionado la actuación del delegado del Gobierno. La investigación promete destapar la controversia en torno a la gestión de la seguridad pública en situaciones de manifestación y la responsabilidad de las autoridades involucradas.