En Madrid, el 25 de agosto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alzado su voz en protesta por la falta de compromiso del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en avanzar la Ley del Tercer Sector de Acción Social. A pesar de que esta legislación lleva diez años en vigor, su implementación sigue siendo escasa, ya que muchos de los decretos necesarios para su desarrollo aún no han sido aprobados.

La ley, que fue ratificada en 2015 con un amplio consenso entre los partidos políticos, creó un marco jurídico específico para el tercer sector, además de establecer diversas medidas de apoyo y fomento desde las administraciones públicas. Sin embargo, la gran mayoría de estas medidas debían haberse concretado a través de reglamentaciones que, hasta la fecha, siguen sin materializarse.

A lo largo de esta década, la única acción concreta del Ministerio de Derechos Sociales ha sido la aprobación de un solo decreto, que se refiere a la creación de la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, y esto ocurrió en 2017. Desde entonces, el avance se ha paralizado.

Las carencias son notables: están pendientes asuntos clave como el decreto que regularía las entidades sociales colaboradoras del Estado, el listado de organizaciones del tercer sector y el programa de impulso. Estas iniciativas siguen estancadas, reflejando la falta de acción por parte del ministerio responsable.

Con el décimo aniversario de la ley a la vuelta de la esquina, CERMI exige una reactivación inmediata de estos desarrollos pendientes. Subrayan que es esencial dotar a la sociedad civil de las herramientas necesarias para promover y defender los derechos sociales que la ley pretendía fortalecer.