En una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los ciudadanos españoles han expresado su percepción sobre la desigualdad social en el país. Según los resultados, la brecha entre inmigrantes y nativos se considera más pronunciada que la que existe entre géneros.

Los encuestados asignaron una puntuación de 7,08 en una escala del 1 al 10 para describir la desigualdad entre personas nacidas en España y aquellas que han inmigrado. Esta cifra es significativamente más alta que la calificación de 6,25 que se otorga a la desigualdad de género.

A pesar de ello, la percepción de desigualdad más aguda se encuentra en la relación entre ricos y pobres, que alcanzó una puntuación promedio de 7,99, seguida de la disparidad entre ejecutivos y empleados, que obtuvo 7,68.

Otros grupos también muestran su nivel de desigualdad en la encuesta: los agricultores frente a los urbanitas se situaron en 6,85, mientras que la brecha entre desempleados y trabajadores fue valorada en 6,71, y la distinción entre jóvenes y adultos en 6,61.

El análisis del CIS revela que un 46,7% de la población reconoce que existen desigualdades en algunos ámbitos, pero no en todos, mientras que el 40,9% sostiene que hay grandes desigualdades sociales en España.

Un 47,3% de los encuestados afirmó estar muy preocupado por la situación actual de desigualdad, un 40,2% mostró una preocupación considerable, un 8,9% afirmó estar poco preocupado y apenas un 1,8% indicó no estar preocupado en absoluto.

Más de la mitad de los españoles (54,9%) considera que las desigualdades han aumentado con respecto a hace una década, mientras que solo un 33% cree que han disminuido y un 11,1% piensa que se han mantenido constantes. Las proyecciones para el futuro también son sombrías, con un 54,9% anticipando un aumento de desigualdades dentro de diez años.

Respecto a las acciones gubernamentales, un abrumador 89,1% de los encuestados opina que es fundamental que los gobiernos tomen medidas para frenar el aumento de las desigualdades sociales y económicas, mientras que solo un 7,4% disiente y sugiere que no deberían intervenir.