El pasado martes, en un contundente pronunciamiento desde el Congreso, los representantes de Compromís, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó, hicieron un llamado urgente a los diputados valencianos del PSOE y del PP. Su intención es invitar a estos legisladores a un diálogo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, con la esperanza de que, en un esfuerzo conjunto, puedan presentar enmiendas que mejoren esta propuesta antes de que sea evaluada en la Cámara Baja.

Durante sus intervenciones, tanto Ibáñez, miembro de Sumar, como Micó, quien se unió al grupo Mixto, señalaron que el nuevo modelo presentado por el Gobierno es un paso adelante para la Comunidad Valenciana, aunque sus perspectivas sobre su eficacia difieren. Mientras Ibáñez aprecia que se han incorporado muchas de las sugerencias planteadas por su partido, Micó se muestra más cauta respecto a los resultados.

Ibáñez dio una clara muestra de optimismo al afirmar que el nuevo sistema responde en gran medida a las demandas de Compromís. Además, relacionó la propuesta con la todavía "insuficiente" condonación de 11.200 millones de euros en deudas, sugiriendo que, si se implementa adecuadamente, podría generar un impacto positivo de casi 5.000 millones para la región.

El diputado también enfatizó que este modelo busca equiparar a los valencianos con el resto de ciudadanos españoles y que les permitirá recibir 668 euros por habitante, una cifra que les posiciona por encima de regiones como Madrid o La Rioja, que reciben notoriamente menos.

En un giro notable, Ibáñez recordó que, apenas unos días antes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, había solicitado a Moncloa 1.782 millones de euros, una suma que queda corta en comparación con los beneficios que podría generar el nuevo modelo.

Ante esta situación, hizo un llamado a los diputados del PP para que dejen de lado la influencia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, instándoles a concentrarse en lo que realmente importa para los valencianos y evitar obstaculizar el avance de esta reforma. Además, propuso trabajar en conjunto cuando la propuesta esté en la Cámara para mejorarla mediante enmiendas conjuntas.

Con respecto a las críticas de otras comunidades que consideran que el principio de ordinalidad se impone a la solidaridad, Ibáñez apuntó que la situación actual, que lleva más de una década sin cambios, no ha sido equitativa. Denunció que regiones como la Comunidad Valenciana, a menudo empobrecidas, han contribuido más de lo que reciben, lo que contrasta con la retórica de solidaridad esgrimida por algunos barones del PP.

Desde su perspectiva, la hora de abordar las desigualdades más severas ha llegado, señalando que durante años se ha permitido que residentes de otras comunidades reciban significativamente más que los valencianos, y es momento de corregir esta injusticia sin temor a que la nación se fracture.

Por su parte, Micó destacó la necesidad de recordar que desde hace una década las Cortes Valencianas han solicitado de manera unánime un nuevo modelo que contemple la reducción de la deuda por infrafinanciación y que sitúe a la Comunidad Valenciana en la media autonómica.

Según Micó, la propuesta del Gobierno es una oportunidad que no debe desperdiciarse, invitando a los diputados del PP y PSOE a honrar el consenso existente y avanzar hacia la solución de problemas históricos de infrafinanciación.

A pesar de sus consideraciones positivas, Micó subrayó que, para resolver los problemas estructurales de la deuda, se necesitarán adicionales fondos de nivelación y una mayor condonación que lo que actualmente se contempla en la propuesta gubernamental.