El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una indagación con el objetivo de esclarecer la implicación de ciertas empresas que, desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), podrían estar publicitando viajes hacia territorios palestinos ilegales. Esta actividad podría ser considerada publicidad prohibida, según las regulaciones actuales.

En un comunicado emitido este viernes, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy señaló que el artículo 4 del Real Decreto-ley implementado en septiembre de 2025, que establece medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y brinda apoyo a la población palestina, prohíbe de manera clara la publicidad de productos y servicios que provengan de territorios ocupados. Esta medida busca limitar las oportunidades comerciales que se derivan de dichos espacios.

Las investigaciones preliminares han indicado que varias entidades israelíes estarían ofreciendo paquetes turísticos a lugares emblemáticos como Jericó, dentro de la Cisjordania palestina que está bajo ocupación. Esta promoción se realiza en el contexto de una de las ferias más importantes del sector turístico, donde se espera la afluencia de miles de visitantes durante su duración de cinco días.

Debido a la magnitud del evento, el Ministerio de Consumo ha decidido lanzar una investigación para identificar a las empresas exhibidoras que pudieran estar implicadas en la promoción o comercialización de bienes y servicios turísticos en asentamientos ilegales situados en el Territorio Palestino Ocupado.

De acuerdo con el marco legal establecido por el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, cualquier anuncio que promueva la venta de productos originarios de estos asentamientos o servicios en ellos se considerará publicidad ilegal. Esto se alinea con las disposiciones del artículo 3 de la Ley General de Publicidad, promulgada el 11 de noviembre de 1988.

Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal también clasifica como desleal aquella publicidad que se considere ilegal según la Ley General de Publicidad. En meses anteriores, en diciembre de 2025, el ministerio había exigido a siete grandes multinacionales que retiraran sus ofertas de alojamiento en estos territorios, tras identificar un total de 138 anuncios considerados como publicidad prohibida por el mencionado Real Decreto-ley.

Este Real Decreto-ley, que obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros y el visto bueno del Congreso, no solo establece un embargo de armas hacia Israel, sino que también prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorio palestino y limita el tránsito por España de combustibles que puedan tener un uso militar en Israel.