El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso significativo al proponer una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Este anuncio se produce tras la apertura de un expediente sancionador que se inició en marzo, impulsado por el ministerio bajo la dirección de Pablo Bustinduy.

La cifra exacta de 3.600.902 euros fue revelada recientemente por la asociación de consumidores Facua, que ha seguido de cerca el proceso. Este organismo ha sido clave en la defensa de los derechos de los inquilinos frente a posibles abusos en el sector.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha subrayado que esta propuesta de sanción representa solo un eslabón dentro de un procedimiento más amplio. En declaraciones durante su intervención en el programa 'La hora de la 1' de TVE, el ministro enfatizó que no se puede emitir un juicio hasta que se finalice el proceso, garantizando así la defensa de las partes involucradas.

El expediente sancionador fue abierto después de que se recibieran denuncias sobre una “gran agencia inmobiliaria” por prácticas abusivas en la gestión de alquileres. Aunque inicialmente su nombre no se hizo público, Facua identificó a Alquiler Seguro como la empresa implicada, señalando que en noviembre de 2023 se denunciaron pagos indebidos de honorarios a los inquilinos, algo que contraviene la reciente legislación en materia de vivienda.

Tras la propuesta de sanción, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, será responsable de evaluar el caso a lo largo de los próximos meses, si bien se espera que una decisión se tome después de considerar las alegaciones presentadas por las partes implicadas.

Facua fue informada de la resolución del expediente, en la que se detallan irregularidades asociadas a los contratos firmados entre Alquiler Seguro y los inquilinos. El ministerio desestimó las alegaciones de la empresa contra la primera propuesta de sanción emitida, mostrando así una postura firme ante estos problemas.

Bustinduy ha señalado que la revelación sobre el expediente se hizo pública en atención a las partes afectadas y ha reconocido que el inicio del proyecto provino de quejas planteadas por organizaciones de consumidores, lo cual destaca la importancia de la defensa de los derechos de los inquilinos.

Las irregularidades denunciadas incluyen la imposición de un servicio de atención al inquilino que, en la práctica, encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por los propietarios. Además, se han señalado condiciones exigentes como la obligación de contratar un seguro de hogar y un estudio de solvencia, así como la restricción del derecho de desistimiento y la carga de gastos judiciales que recaen sobre los inquilinos.

El ministro Bustinduy ha declarado que, a pesar de contar con recursos limitados, el Ministerio de Consumo está decidido a atraer toda acción necesaria para garantizar que ninguna empresa opere por encima de la ley. Destacó que en el sector de la vivienda, las condiciones han estado marcadas por una 'ley de la selva' que deja a los inquilinos en una posición de vulnerabilidad.

En detalle, el desglose del expediente plantea una multa de un millón de euros a Alquiler Seguro por trasladar costos de servicios al inquilino que, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, deberían ser responsabilidad de los arrendadores.

Uno de los engañosos cobros era el denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI), que obligaba al arrendatario a abonar una cantidad extra por servicios que no benefician directamente a ellos, sino que benefician a los propietarios. Este esquema generaba que los inquilinos pagaran lo mismo por servicios si el alquiler duraba seis meses o cinco años, lo que subraya la falta de equidad en estos contratos.

Además, se ha contemplado una segunda sanción de 990.900 euros por exigir la contratación de un seguro de hogar, una medida que favorece principalmente a los arrendadores por las coberturas ofrecidas, trasladando innecesariamente este costo a los inquilinos.

Los contratos de Alquiler Seguro también incluían cláusulas abusivas que obligaban a los inquilinos a asumir todos los gastos judiciales y les permitían ser incluidos en listas de morosos por impagos, lo cual refuerza la urgencia de una regulación más clara y protectora.

Por último, el expediente también menciona la restricción del derecho de desistimiento sobre el SAI, indicando que muchos servicios ofrecidos no se ejecutarían si el inquilino no estaba interesado, lo que añade una dimensión más a las posibles infracciones cometidas por la empresa en cuestión.