La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado un fuerte llamamiento a los demás sindicatos para que se unan en la defensa de la educación pública y se preparen para movilizaciones si el Ministerio de Educación no da un paso adelante para reactivar el Estatuto Docente.

En el contexto de la apertura de las aulas en la escuela pública, CSIF ha destacado la preocupante realidad que enfrenta el sector educativo, marcado por un déficit de más de 44.000 docentes y una tasa de interinidad del 32,41%. Estos números ponen de relieve las dificultades que están siendo afrontadas por estudiantes y educadores en toda España.

Desde 2009, el gobierno ha reducido en 180 euros el gasto por alumno y en 6.700 euros por docente, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para la estabilidad y la calidad del sistema educativo, según el sindicato. En el último verano, se despidieron a más de 255.000 docentes, lo que ha contribuido a la crisis que se vive en las aulas.

La situación actual del curso 2025-2026 se ha caracterizado por ratios elevadas en las aulas, la ausencia de refuerzos, recursos limitados y un clima laboral conflictivo. CSIF ha afirmado que la inquietud entre el profesorado se intensifica en todas las comunidades autónomas y ha anunciado una reunión con el Ministerio programada para el 23 de septiembre, donde exigirán el avance en el Estatuto Docente.

El sindicato recurrió a datos de la OCDE que reflejan un escenario preocupante en la educación, y ha hecho hincapié en la necesidad urgente de un pacto de Estado para fortalecer el sistema educativo y asegurar su estabilidad en el futuro.

Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de educación de CSIF, expuso en una reciente rueda de prensa la persistencia de problemas estructurales sin resolver, que se ven agravados por la escasez de financiación en el ámbito educativo. Gutiérrez remarcó que desde 1990 se ha prometido un Estatuto Docente, compromiso que aún no ha sido cumplido.

El análisis del CSIF se basa en una variedad de indicadores del sistema educativo español, desde la contratación de docentes hasta el gasto público en educación. La información sugiere que España permanece atrapada en una senda de recortes que comenzó en 2010, y que la falta de acción del Ministerio es evidente.

CSIF espera que la reunión del 23 de septiembre sea un punto de inflexión para discutir mejoras significativas en el sistema educativo. Adicionalmente, han hecho un llamado a otras organizaciones sindicales para unirse en protestas si no se implementan cambios necesarios.

El sindicato ha subrayado que la inestabilidad en las plantillas docentes deteriora la calidad educativa que los estudiantes merecen. Con un 32,41% de la fuerza laboral docente en situación interina, se están vulnerando las promesas de estabilidad establecidas por la legislación.

La evidencia sugiere que la educación pública enfrenta una escasez de más de 44.000 docentes. Esta falta se traduce en un déficit crítico de apoyo y recursos, lo que afecta gravemente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Además, CSIF ha resaltado la necesidad de un empleo público robusto que contrarreste la creciente temporalidad y mejore la atracción del profesorado. Las altas tasas de interinidad y las vacantes no cubiertas, que llegaron al 24% este verano, representan un claro fracaso en la gestión del personal educativo.

El gasto por persona en el sector ha disminuido significativamente en la última década, lo que ha generado un impacto negativo en la calidad educativa. A pesar de recibir fondos europeos para mejorar la educación, los centros aún esperan la implementación de estos recursos en sus plantillas.

En términos de educación superior y formación profesional, el sindicato ha denunciado una caída alarmante en el porcentaje de estudiantes que optan por la educación pública, lo cual repercute en un aumento de la tasa de abandono escolar en el país, evidenciando aún más las dificultades del sistema.

CSIF propone ahora un pacto educativo que garantice una inversión acorde con estándares europeos, garantizando estabilidad y mejoras sustanciales para el profesorado. La organización demanda cambios que permitan recuperar el poder adquisitivo de los docentes y una reestructuración del sistema de acceso a la carrera educativa, buscando siempre mejorar la calidad de la enseñanza superior y garantizar el acceso equitativo a la universidad.