El Ejecutivo español se prepara para actualizar su estrategia de apoyo a empresas y empleados que han sido perjudicados por recientes cambios en la política arancelaria.

En Madrid, el 25 de agosto, se han llevado a cabo reuniones fundamentales convocadas por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con diversas agrupaciones sectoriales que enfrentan las consecuencias de los nuevos aranceles. Estas sesiones, que se realizarán a lo largo de esta semana, tienen como objetivo compartir detalles sobre el reciente acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El acuerdo, formalizado por la UE el pasado jueves, establece un arancel máximo del 15% para exportaciones de la UE a EE. UU., abarcando sectores cruciales como el farmacéutico y los semiconductores. Sin embargo, la reducción de aranceles en el sector automovilístico, que actualmente se sitúa en 27,5%, está condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas estadounidenses.

Este pacto se deriva de una conversación previa en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Aunque el comunicado resultante carece de carácter legal vinculante, se considera una guía para la futura política comercial entre los dos bloques.

Durante la semana, Cuerpo se reunirá inicialmente con grupos relacionados con bienes de consumo e industriales. Posteriormente, el miércoles se prevé un encuentro con representantes de productos alimentarios, así como de química y medicamentos, cerrando la serie de reuniones el jueves con temas de bienes de equipo y material eléctrico.

En cada sesión, Cuerpo estará acompañado por importantes miembros del gabinete, como la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y otros ministros relevantes como Jordi Hereu y Luis Planas, quienes aportarán su perspectiva a los distintos sectores involucrados.

Desde el Ministerio de Economía, se ha reiterado la importancia de estas reuniones, que son parte del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. Este programa fue puesto en marcha rápidamente tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de la administración estadounidense, y tiene como objetivo establecer un canal de comunicación de apoyo para las empresas afectadas.

El Plan de Respuesta, aprobado el 8 de abril, moviliza un total de 14.320 millones de euros, destinados a crear un sistema de seguridad para proteger a las empresas y trabajadores ante las consecuencias económicas de los aranceles impuestos por EE. UU. Además, se proyecta una actualización del plan tras las discusiones sectoriales.

Entre las medidas adoptadas, destaca una nueva línea de avales de 5.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial, diseñada para respaldar financieramente a las empresas perjudicadas por las políticas arancelarias.

Asimismo, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) verá un aumento en su presupuesto, llegando hasta 700 millones de euros, para ayudar a las empresas españolas a continuar sus proyectos de exportación e inversión en mercados internacionales afectados por la protección estadounidense.

El gobierno también ha destinado 20 millones de euros adicionales para devolver operaciones no reembolsables y continuar apoyando iniciativas estratégicas de política comercial. A esto se suma un incremento en la cobertura de CESCE, que pasa de 9.000 a 15.000 millones de euros, facilitando así la movilización de 2.000 millones para proyectos internacionales.

Finalmente, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial contempla otras medidas para salvaguardar el tejido productivo y promover su competitividad, como una línea ICO de 1.000 millones de euros, el Plan Moves III con una inversión de 400 millones, y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, entre otras iniciativas significativas.