Un nuevo capítulo en la compleja trama de corrupción relacionada con los hidrocarburos ha salido a la luz, apuntando una vez más hacia las altas esferas de la política española. En este contexto, la reciente declaración de Víctor de Aldama, presunto intermediario en el caso, ha revelado detalles sobre un encuentro clave que tuvo lugar en enero de 2021.

La reunión, según Aldama, fue convocada a través de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Este encuentro, que se produjo en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, reunió a varios actores de la trama, incluyendo a un alto directivo del Ministerio de Industria, bajo la dirección de Reyes Maroto en ese momento, y a Claudio Rivas, supuesto líder de la estafa relacionada con los hidrocarburos.

El testimonio de Aldama ha sido una pieza central en las investigaciones que están siendo llevadas a cabo por la Audiencia Nacional. Durante su declaración de más de dos horas, el empresario confirmó que la reunión efectivamente tuvo lugar, a pesar de la versión inicial que la situaba en la sede del Ministerio de Industria. En este encuentro, se buscó obtener un título de operadora de productos petrolíferos para la empresa Villafuel SL, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.

El juez encargado del caso, del Juzgado Central de Instrucción Número 2, ha decidido remitir la declaración de Aldama a su colega del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, quien está investigando el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que ha llevado a la prisión preventiva de varios implicados.

A medida que se desvela la trama, se hace evidente que la supuesta manipulación de las instituciones ha sido sistemática. En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se destaca que en diciembre de 2020, cuando se estaba negociando la adquisición de un chalet por parte de Ábalos, se organizó una reunión entre funcionarios del Ministerio de Industria y varios empresarios, claramente impulsada por Aldama.

Este encuentro, orquestado por Aldama, no era un mero trámite administrativo, sino que se diseñó con el objetivo de facilitar la obtención del título de operador, un paso crucial para realizar el fraude en el que se está indagando. La UCO ha resaltado que la obtención de esta licencia es esencial para operar en el sector de hidrocarburos, y requiere la autorización del Ministerio de Transición Ecológica.

Un hecho relevante que ha surgido en este contexto es que, a pesar de las red flags que rodean a Villafuel SL, la empresa logró obtener, en septiembre de 2022, el título de operador del mercado mayorista de hidrocarburos, lo que genera serias interrogantes sobre el sistema de control vigente en el sector.

El informe de la UCO también ha desvelado conexiones entre la compra del chalet en La Línea de la Concepción, que Ábalos presuntamente había "disfrutado", y la trama que se investiga. Cristian Corvillo, un individuo cercano a Aldama y Koldo, aparece como una figura clave en esta relación, revelando así una red de complicidades que unido a las decisiones del exministro podrían haber facilitado la operativa de la estafa.

Finalmente, se señala que Aldama ha jugado el papel de principal organizador detrás de esta adquisición, utilizando intermediarios para asegurar que los detalles más delicados, como el destino del mobiliario de la propiedad, fueran comunicados entre Koldo y Ábalos. Estos matices parecen reflejar un elaborado esquema de encubrimiento que pone de relieve las profundas conexiones entre el sector público y privado en un contexto de corrupción sistemática.