Defensor revela que los protocolos contra el bullying a menudo se ignoran hasta que las familias claman por acción.

En un reciente informe que ha generado un amplio debate, el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por el estado de los protocolos de actuación en los centros educativos ante situaciones de acoso escolar. Según los hallazgos, muchas familias no confían plenamente en estos procedimientos, y frecuentemente se ven obligadas a solicitar su activación reiteradamente antes de que se tomen medidas adecuadas.

Este análisis fue presentado por Ángel Gabilondo, actual Defensor del Pueblo, en el Congreso, en un documento que recoge el trabajo realizado durante el año 2025 y que fue entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. A través de esta entrega, se busca hacer eco de las exigencias y necesidades que plantean las familias respecto a la seguridad de sus hijos en el entorno escolar.

Si bien el Defensor del Pueblo reconoce el esfuerzo por parte de las administraciones educativas para reaccionar ante el acoso, subraya que no todas las agresiones son necesariamente catalogadas como acoso escolar. Sin embargo, recalca que cualquier tipo de violencia o intimidación es inaceptable, especialmente si afecta a menores, sujetos a una vulnerabilidad particular que puede desencadenar consecuencias trágicas, como el suicidio.

Por ello, la institución ha enviado un Recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, instando a que se reitere a los centros educativos su obligación de poner en práctica protocolos específicos en casos de acoso escolar y violencia de género. Este recordatorio tiene un objetivo claro: implementar intervenciones rápidas, efectivas y coordinadas en el ámbito escolar, de acuerdo con la legislación vigente que protege a la infancia y adolescencia.

El Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en la necesidad de recursos adecuados para combatir la violencia y la discriminación en las aulas. En su opinión, es fundamental capacitar a profesionales en la comunidad educativa, mejorar las actividades de sensibilización para crear un clima de convivencia más saludable y fomentar la participación activa de las familias en este proceso.

Finalmente, la institución recuerda la importancia de mantener a las familias informadas sobre el desarrollo de las actuaciones del centro educativo, garantizando en todo momento la protección de los datos personales de los involucrados.