Madrid se convierte en el escenario de una visita crucial por parte de una delegación del Parlamento Europeo, integrada por cinco eurodiputados de la comisión encargada de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Su objetivo es evaluar la legislación anticorrupción en España y cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, cumpliendo de esta manera el mandato de la iniciativa conocida como Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG).

Esta delegación, que llega a Madrid el lunes y martes, incluye a destacados representantes como Javier Zarzalejos, del Partido Popular; Jorge Buxadé, de Vox; la holandesa Raquel García Hermida-van der Walle, de Renew; Alessandro Zan, del grupo Socialistas y Demócratas; y Assita Kanko, de los Conservadores y Reformistas Europeos. Su misión apunta a la redacción de un informe exhaustivo sobre la independencia judicial en el país y sus mecanismos legales de combate a la corrupción, así como la situación del Fiscal General y el papel de la sociedad civil.

Los eurodiputados han programado una serie de reuniones con personalidades clave del sistema judicial español, incluyendo a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. También se centrarán en el diálogo con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y representantes de la Fiscalía Anticorrupción y otras instituciones relevantes.

La agenda del Parlamento Europeo no se limita a reuniones formales, ya que incluye encuentros con numerosas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la justicia, la transparencia y los derechos humanos, así como con medios de comunicación y académicos especializados. Esta interacción busca proporcionar una visión integral sobre el estado del marco jurídico y la lucha contra la corrupción en España.

En su ronda de análisis, los eurodiputados revisarán asuntos críticos como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la situación actual de la Fiscalía General, especialmente tras la controversia que rodea a su anterior titular. También examinarán la calidad del procedimiento legislativo en el país.

Desde el Partido Popular han manifestado su preocupación ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus ministros de Justicia e Interior a recibir a esta delegación. Aseguran que esta visita, sin precedentes en su naturaleza, coincide con recientes informes europeos que han puesto en cuestión la independencia judicial y el creciente número de casos de corrupción en España. Destacan que hasta ahora, este tipo de misiones solo se han llevado a cabo en contextos similares en países como Hungría y Eslovaquia.

El Partido Popular recalca que la presencia de estos eurodiputados no es únicamente una formalidad, sino una respuesta a preocupaciones concretas sobre la separación de poderes y la administración de justicia en el país. Critican que el Gobierno haya eludido el diálogo, a diferencia de lo ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro se reunió con los eurodiputados. Además, subrayan el respaldo de todas las fuerzas políticas del Parlamento Europeo a la solicitud de reunión con Sánchez, que fue rechazada.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se espera que los eurodiputados examinen el retraso de España en la implementación de directivas europeas sobre este tema, un retraso que ha generado un creciente número de procedimientos legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La situación se agrava con el descenso de España en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, donde ha pasado al puesto 49, marcando un punto crítico en su historia.

Asimismo, el PP recuerda que la propuesta de una estrategia anticorrupción del Gobierno llegó tras la imputación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, lamentan que, ocho meses después, no se ha presentado un calendario claro ni medidas concretas para avanzar en esta cuestión tan urgente.