24h España.

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En 2025, las fuerzas del orden llevaron a cabo 3.398 deportaciones de migrantes, incrementando un 12% en comparación con 2024.

En 2025, las fuerzas del orden llevaron a cabo 3.398 deportaciones de migrantes, incrementando un 12% en comparación con 2024.

En un contexto marcado por el aumento de las tensiones migratorias, España ha visto un notable incremento en el número de expulsiones de extranjeros durante el año 2025. Según informes del Ministerio del Interior, se han llevado a cabo un total de 3.398 expulsiones, lo que representa un aumento del 12% en comparación con el año anterior. Esta tendencia ha sido objeto de análisis y debate entre diversos sectores de la sociedad.

El crecimiento de las expulsiones es aún más evidente al observar los datos de los últimos años. Desde un total de 2.025 expedientes en 2021, se ha registrado un aumento del 67%. En 2022, las expulsiones ascendieron a 2.627, mientras que en 2023 se alcanzó una cifra de 3.090. En 2024, el número se mantuvo casi estable, con 3.031 expulsiones, ilustrando una escalada constante de este fenómeno.

Entre 2021 y 2025, el total de expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional asciende a 14.171, una cifra que invita a la reflexión sobre las políticas de migración y seguridad del país. Cabe destacar que estos datos se centran en procedimientos de expulsión relacionados con la seguridad nacional, sin incluir las devoluciones de migrantes en situación irregular, lo que sugiere que el fenómeno podría ser aún más amplio.

Las expulsiones son gestionadas exclusivamente por la Policía Nacional, que opera bajo la legislación de extranjería en España. Los procedimientos de expulsión pueden ser ordinarios o preferentes, dependiendo de la situación del extranjero involucrado. Es importante señalar que estas decisiones pueden ser impugnadas ante un juez, lo que introduce un elemento de revisión judicial que busca proteger los derechos de los afectados.

Adicionalmente, la ley contempla disposiciones específicas, como el artículo 89 del Código Penal, que permite la expulsión directa a países de origen en lugar de cumplir condenas de prisión, siempre que la pena supere un año. Sin embargo, si el extranjero ha residido en España por más de diez años, se deben considerar factores como la reincidencia antes de tomar una decisión sobre su expulsión.