En un emotivo pronunciamiento en Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su firme respaldo a las familias de las 7.291 personas que perdieron la vida en residencias de ancianos durante los críticos meses de marzo y abril de 2020, en el inicio de la pandemia de COVID-19. Díaz hizo sus declaraciones tras conocerse la citación judicial de dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes están siendo investigados en relación a estos trágicos eventos.

Las palabras de la ministra se dieron durante una jornada dedicada a abordar la precariedad laboral entre los jóvenes, evento que tuvo lugar en el Espacio Fundae de Madrid y que también contó con la presencia de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Díaz hizo hincapié en la importancia de que la justicia siga su curso, pero no pudo evitar recordar la tragedia que afectó a tantas familias.

“Es esencial que la justicia actúe con firmeza”, afirmó Díaz. “Lo que no podemos olvidar son los llamados protocolos de la vergüenza que llevaron a la muerte de 7.291 personas en Madrid. Es un hecho que nos llena de dolor y vergüenza colectiva. Aunque no entraré en el debate judicial, mi apoyo es total hacia las familias que aún sufren esta pérdida”, comentó, evocando la difícil situación vivida en esos días fatídicos.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha programado la declaración de los altos funcionarios investigados para el próximo lunes 26 de mayo a las 12:30 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Carlos Mur, en su posición como director general de coordinación sociosanitaria, fue responsable de los polémicos protocolos que impidieron la derivación hospitalaria de los residentes durante la primera ola de la pandemia. Francisco Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra encargado de tomar decisiones sobre 47 residencias en la región y asumió el cargo de Mur en mayo de 2020 tras su destitución.

La reactivación de la causa se produce a instancia de la Fiscalía Provincial de Madrid, luego de haber sido archivada provisionalmente casi tres años atrás. Esta nueva fase también ha sido anunciada por la asociación 7.291 Verdad y Justicia, que ha ofrecido un comunicado a los medios para poner de relieve la relevancia de este proceso judicial en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.