La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca minimizar las controversias con el Ministerio de Hacienda al encargar a un grupo de expertos la definición del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, asegurando que se alineará con la directriz de la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe superar el 60% del salario promedio.

En una reciente reunión, Díaz instruyó a la comisión a considerar dos escenarios para la fijación de este salario mínimo: uno en el que se considere exento de tributación y otro en el que esté sujeto a impuestos. La decisión final sobre la fiscalidad del SMI recae exclusivamente en el Ministerio de Hacienda.

La ministra ha enfatizado su compromiso de no cruzar los límites de las competencias ministeriales, afirmando que la responsabilidad de establecer el SMI corresponde a su área, mientras que cualquier situación relacionada con la tributación debe ser abordada por Hacienda. Su objetivo es evitar los conflictos que marcaron el anterior aumento del SMI, buscando así una mayor fluidez en el proceso.

Díaz también ha hecho hincapié en la necesidad de que los expertos emitan sus recomendaciones de manera oportuna, preferiblemente en el mismo ejercicio fiscal, para garantizar que la decisión sobre el salario mínimo se tome sin demoras innecesarias. Una vez que la comisión presente su informe, se llevará a cabo un diálogo social para buscar un consenso.

Durante su comparecencia, la vicepresidenta subrayó la injusticia de que salarios anuales bajos puedan tributar al mismo tipo marginal que salarios mucho más altos. Su mandato es garantizar que el SMI respete el umbral del 60% del salario medio nacional, en un contexto donde la revalorización debe tener en cuenta diversos factores económicos, como el IPC y la productividad.

En su defensa del SMI, que ha aumentado significativamente desde su mandato, Díaz destacó que este incremento ha ayudado a sacar a miles de personas de la pobreza laboral, reiterando que el salario mínimo es, sin duda, una historia de éxito para España.

La ministra ha agradecido a los académicos y a los representantes de los distintos sectores que compondrán la comisión, que será liderada por Begoña Cueto. Además, ha propuesto que esta comisión asesora tenga un rol normativo en el establecimiento del salario mínimo, lo que marcaría un avance importante en la forma en que se determina este parámetro clave para la justicia económica en el país.