En el contexto educativo español, la figura del coordinador de bienestar enfrenta serias limitaciones que obstaculizan su efectividad, tal como señala una reciente investigación de Educo. El estudio titulado "Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos" destaca que, a pesar de la presencia de esta figura en muchos colegios, su impacto real es escaso debido a la falta de tiempo, formación adecuada y compensación económica.

Con la llegada del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la organización no gubernamental Educo enfatizó la importancia de la protección y el bienestar infantil como pilares fundamentales para un desarrollo saludable. La ONG recalca que las escuelas tienen un rol vital que va más allá de la educación; también deben cuidar y acompañar a los estudiantes, ya que el bienestar es esencial para el aprendizaje efectivo.

Pese a ser un componente esencial para la creación de entornos escolares seguros, la figura del coordinador de bienestar y protección ha demostrado tener un alcance limitado. Cuatro años después de la implementación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), este rol, aunque presente en numerosos centros, sigue siendo subestimado en su capacidad de generar un cambio significativo.

La especialista en Protección de Educo, Mónica Viqueira, subrayó la importancia de la figura del coordinador de bienestar, quien puede ser crucial en la identificación y prevención de diversas formas de violencia, como el acoso escolar o la violencia intrafamiliar. Según Viqueira, esta persona debe contar con el tiempo y los recursos necesarios para implementar medidas efectivas, como la capacitación del personal educativo y la comunicación con las familias y servicios sociales; de lo contrario, su labor se verá limitada a una mera formalidad.

El informe también pone de manifiesto desigualdades territoriales en la aplicación de esta figura, advirtiendo que no existe un marco normativo uniforme que regule su funcionamiento en todo el país. Algunas comunidades, como Castilla y León, no cuentan con normas específicas, mientras que otras sólo emiten directrices generales a inicio de curso, lo que limita la eficacia del coordinador en su labor de protección.

La disponibilidad horaria del coordinador es otro aspecto crítico. Hay comunidades que asignan horas basadas en la cantidad de estudiantes, mientras que en otras, la distribución depende de decisiones de gestión interna. Esta falta de un estándar mínimo en comunidades como Andalucía o Baleares pone en peligro la función que debe desempeñar el coordinador.

La falta de reconocimiento económico es otro obstáculo importante: solo algunas comunidades autónomas ofrecen incentivos monetarios para esta posición. Además, las diferencias en los requisitos de cualificación para asumir el rol generan una disparidad en la formación y experiencia de quienes son elegidos para desempeñarlo, lo que debilita la efectividad del programa.

Viqueira destaca que no se puede designar a cualquier docente para este puesto crucial, ya que se requiere un nivel de conocimiento y preparación específicos para garantizar la protección infantil de manera eficiente. Sin un apoyo adecuado en tiempo y recursos, las políticas de protección infantil corren el riesgo de convertirse en promesas vacías.

A pesar de las deficiencias, el informe de Educo revela que la formación de los coordinadores ha avanzado en los últimos años, con varias regiones estableciendo programas específicos. Sin embargo, muchas de estas iniciativas siguen siendo superficiales y no logran proporcionar la profundidad necesaria para una intervención efectiva.

Además, la educación infantil de 0 a 3 años y las enseñanzas en régimen especial permanecen prácticamente excluidas de este marco, a pesar de su relevancia crítica en la detección y prevención de la violencia. La falta de normativas específicas especialmente en escuelas privadas deja a una gran parte de la infancia sin acceso a esta figura protectora.

El informe también menciona la carencia de mecanismos de rendición de cuentas y la falta de colaboración con otros servicios necesarios para un abordaje integral de la protección infantil. La ausencia de estándares internacionales de protección en la legislación nacional es un grave descuido, como señala Viqueira.

La experta concluye advirtiendo que es imperativo pasar de una reacción a una estrategia preventiva en materia de violencia infantil, exigencia que requiere un compromiso político y una planificación adecuada. La creciente problemática de la violencia contra la infancia tiene consecuencias severas que pueden perdurar toda la vida, manifestándose en problemas de salud mental, trastornos alimentarios e incluso en comportamientos autodestructivos.