El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha presentado su renuncia el martes 12 de noviembre, en medio de crecientes demandas de dimisión por su manejo de un escándalo de abusos que involucra al fallecido abogado John Smyth, quien fue acusado de abusar de más de un centenar de niños y jóvenes. Este caso ha conmocionado a la comunidad anglicana y generado una profunda indignación pública.

La presión sobre Welby se intensificó a raíz de una petición impulsada por tres integrantes del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra, que logró reunir miles de firmas apoyando su renuncia. Esta movilización refleja el descontento de muchos con la respuesta de la iglesia ante estos graves delitos que han marcado a las víctimas durante décadas.

Entre los críticos, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha sido claro en su postura, calificando las acusaciones de “horribles” y subrayando que las víctimas han sido “falladas gravemente”. Starmer ha mostrado su apoyo a aquellos que han sufrido y ha instado a una rendición de cuentas que, a su juicio, ha sido insuficiente.

Una reciente investigación realizada por Keith Makin ha dado luz a la magnitud del encubrimiento que rodea el caso Smyth, señalando que sus abusos fueron “prolíficos y abominables”. El informe subraya que muchas víctimas cargaron con el peso de su sufrimiento durante más de 40 años, mientras la respuesta de la iglesia fue, según el estudio, totalmente ineficaz, llegando incluso a parecer un encubrimiento sistemático.

Además, este análisis concluye que Smyth es potencialmente el abusador más notorio vinculado a la Iglesia Anglicana, afirmando que podría haber enfrentado la justicia si Welby hubiera notificado oficialmente a las autoridades sobre el caso en 2013. Tristemente, Smyth, quien dirigió campamentos de verano cristianos, falleció en 2018 sin haber sido llevado ante la justicia, mientras estaba siendo investigado por la policía.

En su declaración tras la investigación, Welby expresó que no tenía conocimiento ni sospechas sobre los abusos antes de 2013. Sin embargo, admitió que no actuó con la debida diligencia tras conocer los hechos y que no se reunió con las víctimas lo suficientemente pronto, lo que reflejó un fallo en su liderazgo.

Una de las víctimas, Andrew Morse, quien conoció a Smyth en el Winchester College, lo describió como un “depredador” y consideró que la falta de acción de Welby constituye un claro encubrimiento que justifica su dimisión. “Creo que debería dimitir”, afirmó en un programa de la BBC, evidenciando la frustración de los sobrevivientes que buscan una justicia que hasta ahora les ha sido esquiva.

La obispa de Newcastle, Helen-Ann Hartley, también se pronunció sobre la situación, advirtiendo que la iglesia está “en peligro de perder total credibilidad” en cuestiones de protección y haciendo eco de las demandas por la salida de Welby.

Pese a que Welby conocía a Smyth de su participación en los campamentos cristianos de Iwerne en la década de 1970, el informe enfatiza que no hay evidencia de que haya mantenido contacto significativo con él en años posteriores. A lo largo de cinco décadas, Smyth abusó de aproximadamente 130 niños y jóvenes, tanto en el Reino Unido como en África, lo que resalta la necesidad urgente de una revisión en las políticas de protección dentro de la iglesia.

Finalmente, la investigación concluye que Smyth "podía y debía" haber sido denunciado formalmente, planteando serias preguntas sobre la falta de acción de aquellos en posiciones de poder en la iglesia para proteger a los más vulnerables. La renuncia de Welby marca un momento crucial en la historia de la Iglesia Anglicana, obligando a una necesaria reflexión sobre su responsabilidad en la protección de las víctimas de abusos.