El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamado urgente a las comunidades autónomas para que actualicen su regulación de acuerdo con la legislación procesal estatal. El objetivo es que todas las disputas relacionadas con la autonomía y la atención a la dependencia sean gestionadas por la jurisdicción social, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se abordan estos temas en el ámbito judicial.

Particularmente, el CERMI ha señalado que regiones como Extremadura, Madrid, la Región de Murcia y Andalucía continúan ancladas en una normativa que asigna a la jurisdicción contenciosa la responsabilidad de estos asuntos. Esta situación resulta incompatible con la reciente evolución legislativa a nivel estatal y plantea serias dificultades para las personas que se benefician de la normativa sobre dependencia.

En este contexto, el CERMI subrayó que el Real Decreto Ley aprobado el 19 de diciembre de 2023 realiza modificaciones relevantes en los literales n) y o) del artículo 2 de la Ley que regula la jurisdicción social. Estas modificaciones permiten que, a partir del 20 de marzo de 2024, los litigios relacionados con la dependencia se diriman en los juzgados de lo social, marcando un paso crucial hacia una administración de justicia más accesible y eficiente para quienes dependen de estos servicios.

El cambio de jurisdicción, de lo contencioso a lo social, fue impulsado por las gestiones del CERMI para lograr que la justicia en esta materia fuese más ágil y menos gravosa. Según la entidad, resulta contradictorio que cuestiones de índole social estuvieran bajo un sistema contencioso, que se caracteriza por su rigidez y lentitud. Este cambio es visto como un avance necesario para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean defendidos de manera justa y efectiva.