Con motivo del debate programado para este martes, el Congreso de los Diputados revisará una propuesta de ley presentada por el Partido Popular, que busca asegurar un papel significativo de la energía nuclear en el proceso de descarbonización del sistema energético español, así como frenar el cierre previsto de las centrales nucleares para 2035.

Este tema genera un interesante intercambio de posturas en la Cámara, particularmente a raíz del apagón que tuvo lugar el 28 de abril. Las diferencias de opinión no solo se manifiestan entre la oposición y el gobierno, sino también dentro del propio Ejecutivo y entre sus socios de coalición.

En febrero, se aprobó una proposición no de ley impulsada por el PP que instaba a extender la vida de las centrales nucleares, gracias a las abstenciones de partidos como Junts y Esquerra Republicana (ERC). La defensa de esta nueva ley por parte del PP se produce en un contexto donde las compañías Endesa e Iberdrola han propuesto recientemente una extensión similar para las instalaciones nucleares, propuesta que el Gobierno se ha mostrado reacio a aceptar.

La legislación que se someterá a votación establece explícitamente las condiciones bajo las cuales las instalaciones nucleares deben operar y cuándo deben ser desactivadas. Según el texto, el cese de actividades ocurriría bien por decisión del operador responsable o cuando el Consejo de Seguridad Nuclear determine que no se cumplen los estándares de seguridad necesarios.

El Partido Popular argumenta que el cierre anticipado de las centrales nucleares no solo resultaría en un aumento de los precios de la electricidad, sino que también podría generar un incremento en las emisiones, una reducción en la financiación de Enresa para el tratamiento de residuos, así como un mayor volumen de importaciones de recursos energéticos, lo que afectaría la competitividad industrial y la estabilidad del suministro energético.

De acuerdo con el PP, cerrar las centrales nucleares tendría repercusiones negativas en los precios de la electricidad y en la fiabilidad del suministro, reforzando también un déficit energético que ha alcanzado cifras preocupantes en la balanza comercial del país. Además, aumentaría la cantidad de residuos generados y complicaría los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

Frente a estos desafíos, el Partido Popular propone una legislación que brinde "la seguridad jurídica necesaria" para operar las centrales nucleares, además de incluir criterios orientados a garantizar la seguridad del suministro energético. Se busca mantener la operativa de estas instalaciones siempre que se cumplan las condiciones de seguridad nuclear pertinentes.

Asimismo, la iniciativa plantea la necesidad de actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos de Enresa, contemplando una extensión de diez años adicionales al plazo ya establecido para el cierre ordenado de las centrales nucleares.

La propuesta también persigue una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, buscando asegurar la neutralidad tecnológica, sin prever el cierre de ninguna planta nuclear existente, y subrayando principios como la sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro energético en igual medida.

Por último, el texto solicita al Gobierno que, en un plazo máximo de seis meses, actualice la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, prestando especial atención a las consecuencias para la seguridad del suministro y la autonomía estratégica que podría implicar el cierre de instalaciones nucleares.