En una reciente y polémica votación, el Congreso de los Diputados ha aprobado un cambio significativo en el Código Penal, impulsado por el partido Junts, liderado por Carles Puigdemont. Esta reforma, que tiene como objetivo endurecer las penas para aquellos que reinciden en delitos menores, fue respaldada por una coalición que incluye a PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, lo que ha generado tensiones evidentes entre los socios de gobierno.

La decisión ha producido un notable desacuerdo en el seno del Ejecutivo. Sumar y sus aliados de izquierda, como Bildu y Podemos, han criticado duramente la iniciativa, mientras que ERC optó por la abstención tras negociar un aumento en la cantidad de jueces en Cataluña a cambio de su apoyo tácito.

Durante la sesión, la diputada Marta Madrenas de Junts argumentó que la nueva ley era necesaria y que había surgido de una necesidad territorial, alegando que respondía a un clamor popular y llegaba tarde ante un contexto de bloqueos legislativos. Afirma que esta legislación es fundamental para prevenir la impunidad que, según ella, ha existido hasta ahora.

Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra no dudó en señalar el "secuestro" de la ley durante años y defendió la idea de que los delitos menores reincididos deben considerarse con seriedad, afirmando que "en España, quien delinque no puede salir libre de consecuencias".

Por el contrario, Francisco Aranda del PSOE advirtió sobre los peligros de asociar erróneamente la inmigración con la delincuencia, defendiendo que el gobierno obra con una perspectiva más en línea con los principios progresistas, sin caer en el punitivismo desmedido.

Desde la bancada de Vox, Juan José Aizcorbe aplaudió la reforma, aunque admitió que aún era insuficiente, insistiendo en que la seguridad del país no debe verse comprometida por agresiones constantes de delincuentes habituales. Por su parte, el PNV se sumó al apoyo argumentando que el actual marco normativo era obsoleto y debía adaptarse a la realidad social.

Al otro lado del espectro político, el portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, expresó su rechazo a esta ley, alegando que penalizar más a los delitos menores no aborda las causas reales de la criminalidad y solo alimenta la retórica de la ultraderecha. Podemos se alineó en este sentido, describiendo la reforma como un acto de "populismo punitivo".

El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, complementó estas críticas al afirmar que aumentar las penas para delitos menores es un recurso común de un sistema que no ha logrado abordar los problemas de prevención y seguridad de manera adecuada.

En respuesta a las críticas, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, anunció su abstención, logrando a cambio una promesa de incrementar el número de jueces en Cataluña. Sin embargo, subrayó que las soluciones a los problemas de justicia no pueden dictarse únicamente mediante reformas legislativas en el Código Penal.

La incierta travesía de esta reforma comenzó en marzo de 2024, tras meses sin avanzar debido a las desavenencias entre los socios del Gobierno. Sin embargo, la ruptura del diálogo por parte de Junts llevó a una rápida reactivación del proceso legislativo, que en una semana logró el envío al Senado para completar su tramitación.

La reforma establece sanciones que van de uno a tres meses de multa para hurtos menores, pero agrava las penas para aquellos que reincidan, elevándolas incluso a prisión si han sido condenados previamente por otros delitos menos graves. También se incorpora un agravante para los hurtos que involucren dispositivos electrónicos con datos personales.

Además, a través de un acuerdo con el PP, PSOE y PNV, se contempla la restricción de acceso de los delincuentes a ciertos lugares o la comunicación con determinadas personas como parte de las penas. Por último, se introduce un nuevo tipo de delito relacionado con el apoyo logístico a narcotraficantes, con penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión por conductas relacionadas con la adquisición o transporte irregular de combustibles.