La agenda del Congreso de los Diputados afronta un momento crucial la próxima semana, cuando se llevará a cabo la votación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo en relación al exministro José Luis Ábalos. Esta votación está programada para el miércoles 22 de enero, lo que abre la puerta a que el alto tribunal inicie una investigación sobre el exministro antes de que finalice el mes.

En este contexto, la Comisión del Estatuto del Diputado ya ha respaldado de forma unánime la concesión del suplicatorio solicitado por el Supremo para investigar a Ábalos en el marco del caso conocido como "caso Koldo". Sin embargo, esta decisión debe ahora ser sometida a votación en el Pleno del Congreso, donde la transparencia y el acceso público a la información se ven limitados.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, el dictamen debe ser votado en el siguiente Pleno "ordinario", aunque no será hasta febrero cuando comience un nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, fuentes dentro del Parlamento sugieren que la interpretación de los servicios jurídicos permite que se incluya la votación en la sesión del 22 de enero, evitando así cualquier retraso en el proceso.

Ya se ha programado un Pleno para ese día, durante el cual se discutirán tres decretos leyes del Gobierno. La intención es aprovechar esta sesión para incluir la votación del suplicatorio en el orden del día. Sin embargo, es importante señalar que tanto el debate como la votación de suplicatorios en el Congreso se realizan a puerta cerrada, limitando la transparencia al público, ya que solo se informará sobre el resultado final.

Es probable que, como han ocurrido en situaciones similares en el pasado, Ábalos solicite la oportunidad de dirigirse a sus compañeros diputados para ofrecer su defensa. En este proceso, los diputados no están obligados a seguir ninguna consigna, dado que su voto es secreto. Sin embargo, dados los antecedentes de apoyo a la concesión del suplicatorio en la comisión, se espera que la votación resulte en una amplia mayoría favorable.

El presidente de la Comisión, Manuel Cobo, del Partido Popular, destacó que se ha realizado "un buen trabajo" al cumplir "todos los trámites" necesarios, brindando además la oportunidad al diputado afectado de presentar sus alegaciones, las cuales fueron documentadas en un informe de 88 páginas entregado durante su comparecencia el lunes.

Ante la comisión, José Luis Ábalos, quien ahora ejerce su labor como diputado en el Grupo Mixto, ha insistido en que ha sido objeto de una "operación" destinada a implicarlo en el caso de su exasesor Koldo García. Afirmó que la investigación de la Policía Judicial ha sido irregular y se ha llevado a cabo sin el debido permiso del Congreso. El informe de la comisión resaltará las preocupaciones planteadas por el exministro respecto a posibles irregularidades en el proceso en su contra.

Una vez que se lleve a cabo la votación en el Pleno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se encargará de comunicar el resultado a la autoridad judicial, que estará obligada a informar a la Cámara sobre cualquier auto o sentencia que afecte directamente al diputado en cuestión.

Con el suplicatorio trasladado oficialmente al Tribunal Supremo, se espera que a finales de la próxima semana el instructor del "caso Koldo", Leopoldo Puente, inicie su investigación formal contra Ábalos, quien podría enfrentar acusaciones que sugieren la posible comisión de al menos cuatro delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Históricamente, el Congreso ha aprobado un total de 33 suplicatorios mientras que 14 solicitudes han sido rechazadas, siendo dos de ellas dirigidas al mismo diputado. La última vez que el Congreso negó un suplicatorio fue en 1988 en un caso relacionado con el exministro socialista José Barrionuevo, quien estaba en el centro de un contencioso por derecho al honor que involucraba a un etarra.

El último suplicatorio aprobado fue en septiembre de 2022, cuando se permitió al Supremo investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, en relación con contratos realizados durante su mandato como alcalde de Trujillo, en Cáceres.

Durante esta legislatura también se han concedido suplicatorios a la expresidenta de Junts, Laura Borràs, quien fue condenada por irregularidades en la gestión de contratos, y a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, quien recibió una condena por agredir a un policía antes de ser elegido. Aunque el Tribunal Constitucional anuló eventualmente su condena, Rodríguez no pudo recuperar su puesto en el Congreso.