Un llamado a la transparencia en la política: partidos deben informar sobre sus financiamientos

En Madrid, el 24 de junio, se ha producido un debate relevante sobre la transparencia política. La Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha criticado la decisión de este órgano de evaluar cómo los partidos políticos cumplen con la Ley de Transparencia. Esta crítica proviene del Partido Popular, apoyado por Vox, mientras que el PSOE, Sumar y otros grupos han mostrado su desacuerdo en la reciente sesión.

El PP había manifestado su descontento hacia la iniciativa del Tribunal de Cuentas. Su presidenta, Enriqueta Chicano, presentó el informe ante la comisión, lo que generó quejas que ahora se formalizan en las propuestas de resolución aprobadas. Aunque el PP reconoce la importancia del informe, plantea que el tribunal debe ceñirse a las normativas vigentes, evitando incorporar cuestiones no explícitamente contempladas por la ley, como los contenidos publicados en las páginas web de los partidos.

En este contexto, la Comisión Mixta ha exigido que el Tribunal de Cuentas base su fiscalización en normas legales claras y aplicables, evitando interpretaciones sobre principios generales del derecho que no cuenten con un desarrollo legislativo específico para los partidos políticos. Subrayan que las normativas internas del tribunal no deben traducirse en nuevos requerimientos para estas organizaciones.

Las Cortes resaltan la necesidad de limitar las obligaciones de la Ley de Transparencia a aquellos partidos que están claramente incluidos en su alcance. A su juicio, el impulso de valores como la transparencia debe ser acompañada de un marco legal concreto que respalde tales exigencias.

Una de las propuestas aprobadas coincide en que el tribunal se abstenga de emplear métricas o criterios numéricos para evaluar el cumplimiento de la transparencia por parte de los partidos, argumentando que esto podría producir confusiones e interpretaciones erróneas.

La comisión enfatiza que el Tribunal de Cuentas debe llevar a cabo su trabajo de manera rigurosa y objetiva, dentro de los márgenes legales que le competen, respetando el estatuto jurídico de los partidos como entidades de derecho privado.

El PP ha logrado que las Cortes reclamen al tribunal el respeto al principio de seguridad jurídica, argumentando que las auditorías prematuras pueden poner en riesgo este principio y generar situaciones de desamparo.

Por otro lado, tanto el PSOE como Sumar presentaron propuestas similares que fueron en parte aprobadas. En particular, se instó a los partidos a crear secciones accesibles de transparencia en sus páginas web, asegurando que los documentos sean consultables en castellano y en las lenguas cooficiales correspondientes.

Además, se ratificó la necesidad de que los partidos cumplan con los plazos de publicación de datos exigidos por la Ley de Financiación de Partidos, incluyendo en sus sitios web las fechas de publicación de cuentas anuales. También se solicitó que informen específicamente sobre préstamos, subvenciones y donaciones, añadiendo un canal de denuncia para reportar irregularidades.

Por el contrario, las propuestas de Vox han sido rechazadas, contando con el voto en contra del PSOE y sus aliados, y la abstención del PP. Estas propuestas pedían al Gobierno modificar la Ley de Financiación de Partidos para clarificar ciertos términos relacionados con las donaciones y los beneficios por actividades promocionales en los partidos.