El Defensor del Pueblo aboga por compensaciones rápidas y justas para ganaderos en lugar de cazar lobos.

En un llamamiento a una gestión más equilibrada y responsable del lobo en España, el Defensor del Pueblo ha abogado por un enfoque que priorice la prevención y la indemnización por daños, en lugar de recurrir a la eliminación de estos animales. Esta postura fue presentada en el informe anual 2025 por Ángel Gabilondo, quien hizo entrega del documento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El informe establece que las indemnizaciones que se ofrezcan a los ganaderos deben ser "justas y rápidas", y no limitarse simplemente al valor de los animales perdidos. Gabilondo destacó la necesidad de que estas compensaciones cubran todos los costos asociados a los ataques, asegurando un proceso ágil que evite los retrasos actuales que suelen ser inaceptables para los afectados.

Además, el Defensor del Pueblo hizo hincapié en la necesidad de actualizar y regular adecuadamente la valoración económica de los animales, proponiendo que se simplifiquen los procedimientos para verificar los ataques y que se mejore la efectividad de estos trámites. También sugirió que se implementara un sistema de apoyo financiero para las medidas preventivas, aprovechando los fondos existentes o generando nuevos recursos para fortalecer esta iniciativa.

En el contexto del informe, Gabilondo también se refirió al recurso de inconstitucionalidad que su institución presentó el verano pasado, en oposición a ciertas disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que debilitaban la protección del lobo. Aclaró que este recurso no refleja una postura política, sino que debe fundamentarse en criterios científicos y el principio de precaución, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Por último, Gabilondo expresó su convicción de que es posible encontrar un equilibrio que no entre en conflicto con los intereses del sector ganadero mientras se asegura la supervivencia de esta especie en peligro. Esto representa una oportunidad para replantear la relación entre la ganadería y la fauna silvestre en España, buscando estrategias que beneficien a ambos lados.