El Defensor del Pueblo ha destacado con firmeza la necesidad urgente de que los municipios, obligados por la ley, establezcan Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de manera inmediata. La normativa vigente establece que estas zonas debían estar operativas desde el 1 de enero de 2023, y hasta la fecha, muchos ayuntamientos no han cumplido con esta obligación. El Defensor desestima los argumentos presentados por algunos gobiernos locales, como la falta de tiempo suficiente para su implementación o la escasez de recursos económicos.

En un movimiento decisivo, el Defensor ha emitido once recomendaciones a 33 municipios, instando a todas las localidades con más de 50.000 habitantes a que avancen en la creación de estas ZBE sin más dilaciones. Subraya que aquellos ayuntamientos que aún no han comenzado el proceso de implementación deben hacerlo “cuanto antes”, mientras que aquellos que están en proceso deben continuar sin retrasos adicionales.

El Defensor también ha enfatizado la necesidad de que cualquier ZBE que se establezca cumpla rigurosamente con los requisitos procedimentales y que esté respaldada por estudios exhaustivos que analicen su impacto en diversas áreas, incluyendo el medio ambiente, la economía, la imparcialidad de género y la accesibilidad para personas con discapacidades. Es esencial que estos trámites no se conviertan en una excusa para prolongar de manera indefinida la implementación de estas zonas.

Además, indica que la delimitación de las ZBE debe ser coherente y sostenible, asegurando que abarque áreas que sean representativas tanto de la población como del tráfico vehicular, y juzga inaceptables las justificaciones referidas a características geográficas o urbanísticas que eviten esta normativa.

Entre las medidas necesarias para estas zonas, el Defensor del Pueblo ha señalado la importancia de establecer restricciones a la circulación de vehículos, únicamente conforme a las normas estipuladas por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO). Es crucial que no se ofrezcan excepciones que contradigan estas regulaciones y que cualquier mejora en la movilidad no sea una alternativa a las restricciones del tráfico establecidas.

En cuanto a los objetivos de las ZBE, el Defensor ha resaltado que deben enfocarse en mejorar la calidad del aire, combatir el cambio climático, fomentar el uso de transportes alternativos y optimizar el consumo energético, mediciones que deben ser claras y cuantificables. Asimismo, ha exigido que se implemente un sistema de monitorización robusto que permita un seguimiento constante de estos objetivos y la difusión de sus resultados.

Adicionalmente, ha propuesto la creación de “zonas de especial sensibilidad”, que se centren en proteger a los grupos más vulnerables de la población, estableciendo normas de emisiones más estrictas en dichas áreas que en las ZBE generales.

Por otra parte, el Defensor ha instado a aquellos municipios que ya operan ZBE a revisarlas y modificarlas si no cumplen con las recomendaciones emitidas. En general, ha demandado que los gobiernos locales mantengan un riguroso control sobre los progresos alcanzados en la aplicación de estas zonas.

Finalmente, ha dejado claro que, una vez establecidas, las ZBE no deben verse perjudicadas por acciones que retrocedan en su implementación, y cualquier cambio que pueda causar efectos negativos deberá contar con la aprobación del correspondiente órgano autonómico encargado de la protección medioambiental.

Recientemente, el Defensor del Pueblo solicitó información a 18 municipios que, a finales de noviembre de 2023, no habían comenzado la tramitación de la ZBE. Entre ellos se encuentran localidades como Aranjuez, Arganda del Rey, y Barakaldo, entre otras. También se dirigió a siete municipios donde los trámites estaban avanzando lentamente y a ocho más donde la implementación estaba congelada o se ralentizaba.

Hasta el momento, salvo en tres casos, se han recibido informes de todos los municipios contactados y el Defensor ha recordado que existe una obligación legal de responder a sus solicitudes en su rol como representante de las Cortes Generales.

Los ayuntamientos han argumentado diversos motivos para justificar su inacción, incluyendo la falta de tiempo, la complejidad técnica y la carencia de personal especializado, así como la limitada disponibilidad de recursos financieros. Algunos han planteado que prefieren dedicar sus esfuerzos a otras iniciativas relacionadas con la movilidad o que su nivel de contaminación es bajo, alegando que no ven necesaria una ZBE.

No obstante, el Defensor del Pueblo ha subrayado que ninguno de estos argumentos es razonable a su juicio y ha mostrado preocupación por aquellos municipios que no han fijado un cronograma para la implementación de las ZBE, como es el caso de Valencia y Tres Cantos.

También ha recordado que el propósito de las ZBE no solo radica en la reducción de la contaminación, sino también en la lucha contra el cambio climático, enfatizando que no se pueden sustituir por medidas aparentemente equivalentes, como han propuesto algunos ayuntamientos. Además, ha rechazado las justificaciones basadas en las características geográficas de las ciudades para evadir su responsabilidad en la implementación de las ZBE.

Por último, ha subrayado que las dificultades específicas que enfrenta una ciudad, como es el caso de las afectadas por la DANA, no deben servir como excusa para la dilatación de plazos en la implementación de ZBE, ya que el compromiso con la salud pública y el medio ambiente debe prevalecer.