En Madrid, el Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego) ha lanzado un llamado a las autoridades estatales para que incrementen los recursos destinados a combatir la proliferación de plataformas de juego ilegales. Según la asociación, estas páginas web representan una pérdida millonaria anualmente para la industria legal y generan un entorno de vulnerabilidad para los usuarios, quienes no siempre pueden diferenciar entre las opciones permitidas y las prohibidas.

En conversación con Europa Press, los representantes del sector del juego argumentan que resulta crucial revisar la legislación actual relacionada con el juego. Aseguran que, con casi quince años en vigor, hay aspectos en la Ley del Juego que ya no son pertinentes y confían en que el Gobierno propondrá cambios que cuenten con el respaldo de una amplia mayoría.

La organización también enfatiza la importancia de que este proceso de revisión se realice de forma transparente. En este sentido, proponen abrir un espacio de discusión donde todos los actores involucrados —incluyendo a la industria, asociaciones de jugadores rehabilitados y otras partes interesadas— puedan expresar sus perspectivas y contribuir al desarrollo de una normativa que refleje la realidad actual de un sector en constante evolución.

Entre sus peticiones más destacadas, CeJuego subraya la necesidad de conservar la regulación vigente en materia de publicidad del juego, la cual consideran efectiva y sin necesidad de modificaciones urgentes. Según ellos, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló ciertos artículos de un Real Decreto ha permitido reabrir oportunidades de publicidad en medios de comunicación, aunque aclaran que este incremento no ha llevado a un aumento notable en la agresividad de los anuncios ni en su volumen.

La organización busca consolidar el panorama actual, ya que sostiene que el autocontrol del sector ha permitido una publicidad responsable. Sin embargo, advierten sobre el impacto de la nueva legislación sobre depósitos conjuntos que, según pronostican, podrían favorecer la concentración de jugadores en las grandes plataformas internacionales y, potencialmente, incentivar el acceso a juegos ilegales.

Además, CeJuego pide que se reduzcan las desigualdades entre el juego público y privado, que actualmente están marcadas por diferencias significativas en términos de normativas y obligaciones. También abogan por mejorar la comunicación y cooperación entre el sector privado y los legisladores, para desarrollar consensos basados en necesidades reales a través de un diálogo constructivo.

Por último, la patronal expresa su frustración con el Gobierno central, indicando que el diálogo establecido no se traduce en acciones reales. Critican cómo el Ministerio de Consumo ha intentado reintroducir los artículos anulados por el Tribunal a traves de enmiendas en leyes ajenas al juego, señalando que estos procesos carecen de la transparencia necesaria y no involucran al sector de forma efectiva en la elaboración de regulaciones.