En una reciente declaración, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha dejado claro que, por el momento, no existe ninguna negociación o discusión seria en España para la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. En una entrevista ofrecida a la Cadena COPE, Groizard destacó la falta de interés por parte de las empresas propietarias en plantear dicha prórroga, lo que indica un estancamiento en el debate sobre este tema.

Frente a la consulta acerca de posibles conversaciones con las compañías sobre una posible extensión, Groizard afirmó que aunque hay conversaciones con el sector energético en general, la realidad es que “no hay novedades” al respecto. Según sus palabras, el calendario de cierre de las centrales nucleares, acordado entre las empresas energéticas, se mantiene firme y no ha cambiado desde que se estableció, señalando que ya en 2019 estas compañías reconocieron que la energía nuclear era menos competitiva frente a las alternativas renovables.

El secretario de Estado subrayó que hasta la fecha, las empresas nucleares no han solicitado una extensión de la operación de sus instalaciones, sustentando que su economía sigue sin ser favorable. "Nos han hecho saber que buscan reducir impuestos y que los costos de desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos sean compartidos con el resto de la sociedad", explicó Groizard. Sin embargo, el Gobierno ha respondido categóricamente que no trasladará esos costos a los consumidores, lo que subraya una firme postura en este tema.

Groizard también destacó la preparación del país para deshacerse de la energía nuclear, a la vez que afirmó que España está comprometida con un ambicioso plan de energías renovables. Según él, esta estrategia no solo es la más competitiva desde el punto de vista económico, sino que también asegura un suministro energético confiable para el futuro.

En cuanto al programa de cierre gradual de las centrales nucleares desde 2027 hasta 2035, Groizard defendió su implementación y aclaró que no hay intención de cerrar de manera abrupta las instalaciones que producen siete gigavatios de energía. El enfoque es progresivo, técnico y viable, lo que demuestra una estrategia planificada para la transición energética del país.

Esta conversación también tocó el tema de la fiscalidad relacionada con las centrales nucleares. Groizard rebatió la idea de un aumento del 70% en impuestos, calificando esta afirmación como “absolutamente falsa”. Aclaró que los impuestos que se aplican actualmente son los mismos que se establecieron en 2019 y que únicamente han habido ligeras variaciones en los costos de gestión de residuos, responsabilidades de las empresas dueñas de las plantas nucleares.

Finalmente, en relación al cierre programado de la central de Almaraz en 2027, Groizard apuntó que las decisiones en materia de seguridad nuclear estarán guiadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, subrayando su independencia y trayectoria en este ámbito. Hizo un llamado a las entidades locales y autonómicas para iniciar un plan de transición justa que garantice un futuro en la región, evitando que se repitan situaciones desventajosas como las experimentadas con otras centrales nucleares, como la de Garoña.