Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha expresado su confianza en que las "pequeñas discrepancias internas" surgidas en el Gobierno entorno al Estatuto del Becario se resolverán pronto. Este marco legal, que orienta sobre las prácticas no laborales en entornos empresariales, está ahora listo para ser presentado ante el Consejo de Ministros, tras un largo proceso de casi dos años desde su propuesta inicial junto a los sindicatos.

Durante su intervención en el evento ‘Juventud. Precariedad’ en Madrid, Díaz destacó que la ley se encuentra “en la vía para su aprobación” y subrayó su potencial para mitigar la precariedad laboral en el país. “Esta iniciativa va a ser clave para abordar la situación de vulnerabilidad que viven muchos jóvenes trabajando en prácticas”, añadió la ministra.

El denominado Estatuto del Becario establece un marco regulatorio para las prácticas no laborales y ha sido objeto de críticas por su falta de inclusión de jóvenes que, como señaló Díaz, están ocupando posiciones que deberían ser estructurales, pero que están siendo desempeñadas bajo condiciones inaceptables.

“Ya hemos llevado a cabo la consulta pública necesaria y las discusiones que hemos tenido en el seno del Gobierno serán resueltas adecuadamente”, afirmó la vicepresidenta, destacando que es incongruente defender una normativa construida en diálogo social en Europa y no implementarla en España. “Es irracional mantener un sistema que perpetúa la precariedad en el empleo juvenil”, advirtió.

Díaz también se refirió al uso inapropiado de los contratos que encubren situaciones de falsa formación, destacando que, aunque no revelará datos específicos de inspecciones laborales, existen numerosos casos que merecen atención. “Hay un uso incorrecto de lo que se conocen como 'falsos becarios', lo cual es alarmante”, enfatizó.

Desde hace tres meses, la ministra ha admitido que hay diferencias con el PSOE respecto a la aprobación del Estatuto del Becario, pero insistió en que se respetará el acuerdo de diálogo social. “Es una norma fundamental y, aunque tengamos algunas discrepancias, se llevará a cabo”, aseguró confiada.

El anteproyecto de ley fue presentado para audiencia pública en diciembre pasado, un año y medio después de su acuerdo oficial con los sindicatos. Este marco, que no contó con el apoyo de la comunidad universitaria, según denunciaron los rectores, establece un régimen sancionador para aquellas empresas que no respeten los derechos de los estudiantes, con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros. Además, estipula compensaciones por gastos a los practicantes y limita la duración de las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El propósito de esta legislación es establecer criterios claros sobre los periodos de formación práctica no laboral y definir el régimen jurídico que los regula, con el fin de fomentar un entorno laboral más justo y equitativo para la juventud en España.