El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha compartido sus proyecciones para la economía española, anticipando un crecimiento del 2,5% para 2025 y un 1,8% en 2026. Estas cifras indican una disminución respecto al 3,2% que se espera para 2024, una desaceleración que responde a una moderación en las exportaciones y a un estancamiento en la población activa. No obstante, se ha revisado al alza la expectativa de crecimiento para este año en dos décimas.

En su reciente informe del 'Artículo IV' sobre España, el FMI asegura que el PIB mantendrá un crecimiento "sólido" a corto plazo, aunque se pronostica una gradual desaceleración. La organización también ha indicado que la tasa de crecimiento potencial a largo plazo podría limitarse al 1,7% debido a factores demográficos, como el envejecimiento de la población.

El impacto de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, que se hicieron efectivos el 2 de abril pasado, se espera que afecte de manera "contenida" la economía española, dadas las reducidas conexiones comerciales con Estados Unidos.

En términos de consumo, el FMI prevé que este siga siendo "fuerte", impulsado por un aumento en los ingresos reales y una disminución gradual de la tasa de ahorro de los hogares. Se estima que la tasa de desempleo se mantendrá estable en torno al 11% en el horizonte medio.

Además, el informe destaca una recuperación en la inversión como resultado de la reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), la efectiva utilización de los fondos europeos y una intensificación en la construcción de viviendas.

El FMI pronostica una continuación de la tendencia a la baja en la inflación, tanto general como subyacente, que se espera se sitúe cerca del objetivo del 2% establecido por el BCE para finales de 2025, gracias a la moderación salarial y a la desinflación en el sector energético.

Desde una perspectiva fiscal, el FMI reconoce que la situación de las cuentas públicas "ha seguido mejorando" a lo largo de 2024, a pesar del considerable aumento en el gasto relacionado con salarios y transferencias sociales, así como con los daños ocasionados por la DANA en Valencia.

A pesar de esos avances, persisten altas preocupaciones en torno a la deuda pública, que alcanzará un 101,8% del PIB para finales de 2024, indicando una vulnerabilidad ante posibles choques económicos y fluctuaciones en los costos de financiación.

El incremento previsto en el gasto relacionado con la población anciana, que podría alcanzar casi el 4% del PIB para 2050, comenzará a ejercer una "presión creciente" sobre las finanzas públicas. Además, cualquier aumento en el gasto en defensa hacia el objetivo del 2% fijado por el Gobierno requerirá "recursos adicionales", como señala el análisis del FMI.

El documento establece que cualquier ampliación del gasto en defensa debe ser planificada cuidadosamente para no comprometer otras áreas fundamentales para el crecimiento, como la inversión pública. Romain Alexandre Duval, economista del FMI para Europa, ha mencionado que una adecuada financiación de la defensa debe seguirse de medidas a largo plazo, buscando una "repriorización" en las partidas de ingresos y gastos.

El FMI ha instado a España a aprovechar su "sólida posición cíclica" y los beneficios de los fondos europeos para avanzar en el ajuste del 3% del PIB, pospuesto por las autoridades, de 2025-2029 a 2025-2031.

En caso de que se materialicen riesgos económicos negativos, el FMI sugiere que la política fiscal se mantenga flexible, permitiendo la activación de estabilizadores automáticos, mientras que medidas fiscales temporales deberían contemplarse únicamente ante crisis severas, siempre que los intereses de la deuda sean bajos.

Para fortalecer el ajuste fiscal, el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) debería contar con una estrategia más definida, enfocándose en "prioridades claras" que incluyan la armonización del IVA y el impulso a la fiscalidad ecológica, sugiriendo que el impuesto sobre la banca sea eliminado en un plazo de tres años.

El organismo internacional ha manifestado la urgencia de abordar las agudas tensiones fiscales que surjan de la creciente discrepancia entre el gasto en pensiones y las contribuciones a la Seguridad Social, poniendo énfasis en medidas que fomenten el empleo. En cuanto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el FMI resalta la importancia de mantener la negociación colectiva como un factor crucial.

Por otro lado, el Gobierno debe trabajar hacia una "reforma integral" del sistema de financiación que garantice control fiscal en las comunidades autónomas. Para facilitar su regreso al mercado de bonos, se considera que una reducción parcial de la deuda podría ser beneficiosa, pero siempre bajo la condición de que se propongan planes de consolidación fiscal creíbles a nivel regional.

Finalmente, el FMI resalta como un riesgo externo significativo la nueva escalada de medidas comerciales impulsadas por Trump, particularmente aquellas que puedan afectar a la Unión Europea. Sin embargo, los mayores desafíos para España parecen ser de carácter interno, incluidos problemas de fragmentación política que podrían obstaculizar el cumplimiento de objetivos fiscales o generar desconfianza en los mercados sobre la viabilidad financiera del país en Europa.

Otras preocupaciones incluyen la posible desaceleración de la inversión, atribuible a "cuellos de botella" persistentes en la oferta del sector construcción, así como una incertidumbre tanto nacional como internacional que podría afectar la agilidad en el despliegue de los fondos europeos.

En un entorno variable, el proceso de desinflación podría verse interrumpido si los costos laborales experimentan aumentos continuos debido a presiones salariales sostenidas o a un "decepcionante" crecimiento en la productividad, lo cual subraya la necesidad de monitorear cuidadosamente estos factores.