El Gobierno español ha dado un paso significativo en la modificación de las normativas que rigen la creación y reconocimiento de universidades, eliminando la exigencia de que la entidad promotora tenga experiencia universitaria. Esta decisión, sin embargo, mantiene la obligación de que el equipo directivo cuente con dicho bagaje académico.

La medida fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros, marcando un cambio en el real decreto 640/2021. Esta revisión surge a raíz de una tramitación que comenzó en urgencia hace más de medio año, cuando el Consejo de Estado emitió su informe el 11 de septiembre, a partir del cual el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, bajo la dirección de Diana Morant, adoptó las recomendaciones clave del organismo.

Con esta reforma, se busca dar más flexibilidad a las futuras entidades promotoras de universidades al eliminar la referencia a la experiencia previa en gestión universitaria, aunque se pide que el equipo directivo sí acredite dicha experiencia. De este modo, el proyecto presentado para una nueva universidad deberá incluir información sobre el equipo directivo previsto, asegurando que esté capacitado para liderar la institución desde su inicio.

Además, el Consejo de Estado también señaló que las nuevas universidades deberían tener la posibilidad de ampliar su oferta de títulos, pero advirtió que esto no podía ser un requisito vinculante. Así, las modificaciones estipulan que aunque el informe de la Conferencia General de Política Universitaria será consultivo, no poseerá carácter vinculante, permitiendo cierta flexibilidad en la creación de nuevos programas académicos.

Esta norma busca garantizar que todas las universidades, sin distinción de su ubicación, cumplan con estándares de calidad que aseguren la educación superior. En este sentido, se reconoce que, desde 1998, solo se ha aprobado una universidad pública más, la Universidad Politécnica de Cartagena, en contraste con las 27 universidades privadas reconocidas en los últimos años.

Desde 2018, el Ministerio ha emitido un total de 25 informes sobre proyectos de nuevas universidades, de los cuales 13 fueron negativos. Sin embargo, cuatro de estos proyectos fueron aprobados por comunidades autónomas a pesar de la falta de apoyo del Ministerio, revelando un entramado complejo en el marco de la política educativa.

El nuevo decreto introduce exigencias adicionales que refuerzan el control sobre la calidad educativa. Así, será preciso contar con un informe de evaluación vinculante de la ANECA o de agencias equivalentes antes de avanzar en la creación de universidades. Esta evaluación complementará el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que sigue siendo parte del proceso.

Las instituciones deberán demostrar su viabilidad económica mediante un aval bancario o un documento que asegure la disponibilidad de recursos financieros suficientes, además de contar con una cifra mínima de 4,500 estudiantes. Estos requisitos son fundamentales para asegurar la sostenibilidad de los proyectos educativos que se impulsen.

La regulación también abarca la creación de instituciones de educación online, que requerirán la aprobación del Congreso y un informe vinculante de ANECA. Existen algunas excepciones específicas, como aquellas universidades que se localicen en comunidades con lenguas cooficiales o que cuenten con financiación estatal sustancial.

Dentro de las nuevas obligaciones, se incluye un compromiso para garantizar alojamiento para al menos el 10% del alumnado tras tres años de operación. Asimismo, se exige que un 5% del presupuesto se destine a la investigación, y que la mayoría del personal docente cuente con titulación de doctorado y evaluaciones positivas en su trayectoria investigadora.

Por otro lado, la reforma permite a las universidades expandirse a nivel internacional con el visto bueno de las comunidades autónomas, fomentando así la competitividad de la educación superior española en un entorno global. Se introduce también la figura de centros de altos estudios, que ofrecerán programas especializados.

El plazo estipulado para que las universidades existentes y las nuevas que surjan tras la entrada en vigor del decreto se ajusten a las nuevas normativas es de tres años, ampliándose a cinco para aquellas que fueron autorizadas recientemente. Algunos requisitos, incluyendo el número de estudiantes, contarán con plazos aún más amplios de hasta siete años.

De no cumplirse con los requisitos establecidos, las universidades deberán presentar un plan de acción para subsanar su situación, disponiendo de tres años adicionales para hacerlo. Además, se ha establecido que si se alcanza al menos el 70% del objetivo de matrícula de 4,500 estudiantes en seis años, no se aplicarán sanciones.

Finalmente, las titulaciones universitarias reflejarán claramente si han sido obtenidas de manera presencial, virtual o híbrida, garantizando así la transparencia en la educación que se imparte. Ocho proyectos pendientes de reconocimiento deberán alinearse con los nuevos criterios establecidos en esta reciente normativa.

Con todas estas modificaciones, el Gobierno busca reestructurar el panorama educativo, ofreciendo alternativas y promoviendo una educación de calidad que se adapte a las necesidades del siglo XXI.