En medio de una creciente preocupación nacional por el acoso sexual dentro de las instituciones políticas, el Gobierno de España está considerando nuevas iniciativas que buscan reforzar la protección y el apoyo a las víctimas. Ante la serie de denuncias que han afectado al PSOE, se plantea la creación de un sistema de denuncia interno que podría ser implementado en todos los partidos políticos, sindicatos y empresas, similar al que ya ha sido instaurado en la sede central del partido en Ferraz.

Según fuentes cercanas al Gobierno, se está elaborando un proyecto que podría materializarse en un real decreto ley que se presentaría en el Consejo de Ministros a comienzos de 2026, aunque la propuesta aún se encuentra en una fase de análisis. Esta medida surge como respuesta a la crisis interna que ha atravesado el PSOE, donde la falta de respuesta rápida y efectiva hacia las víctimas ha despertado un fuerte descontento y ha ocasionado la salida de varios integrantes destacados del partido.

En mayo, el PSOE ya había puesto en marcha un protocolo antiacoso que contempla, entre otras disposiciones, la opción de presentar denuncias de manera anónima. Este mecanismo permite que las denuncias queden registradas en una plataforma interna, donde un equipo especializado se encarga de contactar con las víctimas sin comprometer su identidad. Este comité actúa de forma autónoma, sin influencia de la dirección del partido.

La crisis se intensificó a raíz del escándalo protagonizado por Francisco Salazar, asesor del presidente Pedro Sánchez, quien, tras ser mencionado en testimonios que denunciaban actitudes inapropiadas, debió renunciar a sus roles. Pese a que se habían presentado denuncias anónimas en su contra a través del canal interno del PSOE, el partido tardó cerca de cuatro meses en establecer contacto con las denunciantes, lo cual propició una fuerte ola de indignación tanto dentro como fuera de la organización.

La falta de respuesta oportuna del partido llevó a la destitución de figuras como José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, y Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal, mientras que otros, como el alcalde de Almussafes, Toni González, optaron por su dimisión en el partido tras ser objeto de acusaciones. La situación se complicó aún más con la renuncia de un concejal en Benalcázar, Córdoba, tras revelarse contenidos inapropiados enviados a una trabajadora municipal.

A pesar de los errores cometidos en la gestión de esta crisis, el PSOE ha reconocido sus fallos y ha expresado su arrepentimiento hacia las posibles víctimas. Sin embargo, defienden que son pioneros en la creación de protocolos de protección contra el acoso en España, y señalan que la problemática del acoso sexual trasciende las fronteras de su partido, como enfatizó el presidente Sánchez en una reciente rueda de prensa, subrayando que este tipo de comportamiento es un problema estructural que afecta a toda la sociedad.

Así, el Gobierno se prepara para implementar medidas que, al igual que el protocolo del PSOE, reconozcan y aborden la magnitud del acoso sexual en todos los ámbitos de la vida pública y privada, poniendo al partido en una posición adelantada frente a este reto social.