Este miércoles, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha dado un paso significativo hacia la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Este anuncio fue realizado a las organizaciones sindicales CCOO y UGT, quienes son firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, en el que se han pactado mejoras laborales para los empleados públicos.

Para llevar a cabo esta transformación, la Secretaría de Estado de Función Pública tiene previsto presentar nuevas directrices que regularán la jornada y los horarios de trabajo para el personal que presta sus servicios en la AGE y sus organismos vinculados, según ha informado el Ministerio.

Además, se ha programado una reunión de la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente para los días 10 y 11 de febrero, donde se presentará esta importante modificación a los subsecretarios y subdirectores de personal de las diferentes carteras ministeriales.

Una vez se completen estas reuniones, la propuesta será llevada a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se abrirán negociaciones con los sindicatos involucrados.

Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su satisfacción por este avance hacia la jornada de 35 horas, aunque han aprovechado la ocasión para solicitar que esta medida se extienda también al personal de Instituciones Penitenciarias, resaltando la necesidad de una aplicación equitativa.

UGT anticipa que la jornada podría estar en vigor a finales de febrero o principios de marzo, siempre que se lleguen a acuerdos adecuados con la Comisión Técnica Permanente de la AGE. "Este es el compromiso que se alcanzó en diciembre del año pasado", ha declarado el sindicato.

Este cambio impactará a un total de 246.418 empleados públicos en la Administración General del Estado, según los últimos datos estadísticos disponibles sobre el personal de las Administraciones Públicas.

En una reunión previa, la Función Pública indicó su apoyo a la necesidad de reinstaurar la jubilación anticipada parcial para el personal laboral, comprometiéndose a buscar el marco normativo necesario para materializar esta promesa.

Sin embargo, CCOO y UGT han manifestado que es fundamental una recuperación inmediata de este derecho y han hecho un llamado al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios para que actúen responsablemente y resuelvan esta situación que afecta a un gran número de empleados públicos, quienes ven vulnerados sus derechos tanto en el ámbito laboral como en el de la función pública.

En otro orden, estas organizaciones han subrayado la urgencia de cumplir con los compromisos relacionados con la clasificación profesional de personal técnico, un tema que también figura en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, asunto del que la Función Pública está alineada.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado que la llegada de la jornada de 35 horas representa un compromiso del Ministerio que se ha demorado más de tres años.

Asimismo, CSIF ha señalado la necesidad de desbloquear la jubilación parcial anticipada y regular su aplicación a todos los empleados públicos, incluyendo funcionarios y estatutarios. También han indicado la importancia de desarrollar el teletrabajo.

No obstante, CSIF ha celebrado el avance iniciado por el Ministerio de Función Pública hacia la aplicación de la jornada semanal de 35 horas, una medida que ya ha sido adoptada por la mayoría de las administraciones.

El sindicato ha enfatizado que esto marca solo el inicio del camino, advirtiendo que ahora se deben seguir desarrollando otros aspectos cruciales del acuerdo marco, tales como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de las retribuciones por razones de servicio y el fortalecimiento de Muface, temas que serán discutidos en la próxima reunión de la Mesa General.