Este martes, los líderes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez, desvelaron su ambicioso plan para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este acuerdo propone una subida salarial fija del 4% cada año durante los próximos tres años, lo que se traduce en una notable subida total del 12% hasta 2028.

Complementando esta propuesta, los sindicatos plantearon incrementos adicionales para aquellos colectivos cuyos salarios se encuentren sustancialmente por debajo de la media nacional. Se sugiere un 1% de aumento en convenios donde los salarios estén un 10% por debajo de la media, un 2% en los que estén un 20% por debajo y un 3% en aquellos que marquen un 30% de diferencia. Esto podría resultar en aumentos salariales anuales de hasta un 5%, 6% y 7% respectivamente, combinando el aumento fijo y el adicional.

Durante la presentación, Sordo destacó que esta propuesta podría beneficiar a aproximadamente 11 millones de trabajadores en España, que representan alrededor del 64% de los asalariados del país, quienes actualmente ven sus ingresos mensuales por debajo de la media nacional.

El documento también aboga por la reinstauración de una cláusula de garantía salarial, que actuaría como un salvaguarda contra las desviaciones inflacionarias. Según esta cláusula, si el índice de precios al consumo (IPC) supera el aumento acordado, se aplicaría un incremento adicional del 1,5% a partir del 1 de enero del año siguiente.

A su vez, Sordo y Álvarez avanzaron que en el nuevo acuerdo se discutirá la posibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y establecer un camino hacia la meta de 32 horas, además de revisar la distribución de la jornada laboral para eliminar las horas extraordinarias.

Los líderes sindicales también hicieron hincapié en la necesidad de que los convenios colectivos aborden la creciente crisis de vivienda en España, especialmente en áreas con presión inmobiliaria, sugiriendo que los salarios deben reflejar el costo real de vivir en estas zonas.

Ambos sindicalistas subrayaron que, dada la actual expansión de la economía española, que se destaca por ser la más dinámica entre las grandes economías europeas, sería justo que los salarios se ajustaran en consecuencia, sobre todo cuando los márgenes de beneficios empresariales rondan el 13%.

Asimismo, señalaron que es fundamental incluir en el acuerdo aspectos relacionados con la ley de prevención de riesgos laborales, un tema que la CEOE ha eludido en negociaciones anteriores con el Ministerio de Trabajo.

La precariedad laboral entre los jóvenes, así como los retos que plantea la inteligencia artificial y la integración de inmigrantes en el mercado laboral, se encuentran en la lista de preocupaciones a abordar en el AENC.

Sordo manifestó que lograr un acuerdo que guíe la negociación de los convenios colectivos en los próximos tres años sería un paso positivo para el país.

En lo que respecta a la inevitable respuesta de la CEOE, Sordo enfatizó que su propuesta no es "irrealizable". Este planteamiento, que podría conllevar aumentos salariales de hasta el 7%, está alineado con la evolución económica y es coherente con los aumentos salariales prácticos observados en convenios recientes.

Ambos líderes sindicales apuntaron que este aumento adicional está diseñado para cerrar la brecha que se ha ampliado tras el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), afectando a millones de trabajadores en sectores como la seguridad y la hostelería.

Según Sordo, el impacto de este incremento salarial podría beneficiar a más de 10 millones de asalariados, mejorando la productividad y estimulando la economía, al tiempo que favorece los proyectos empresariales más sólidos.

La cuestión del absentismo laboral también fue abordada en la conferencia, donde CCOO y UGT subrayaron que su enfoque sobre las bajas laborales difiere del discurso de la patronal, que sostiene que hay un abuso en este tipo de licencias.

Añadió que su propuesta pone énfasis en la prevención y seguridad en el trabajo, garantizando la participación de los trabajadores en la gestión de riesgos, en contraste con la narrativa que busca culpabilizar a los empleados por ausencias, las cuales suelen derivar de problemas más profundos, como la falta de atención sanitaria.

Por último, Álvarez advirtió que, si las comunidades autónomas continúan disminuyendo la financiación destinada a la sanidad pública, las tasas de absentismo aumentarán y el costo de vida de los trabajadores se verá aún más comprometido.