En un escenario económico que resulta cada vez más complejo, el Consejo General de Economistas (CGE) proyecta un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español alrededor del 2,3% para el presente año. Sin embargo, esta cifra optimista contrasta con la falta de señales de mejora tangible para la mayoría de los ciudadanos y negocios, quienes se enfrentan a una estructura de incertidumbre que se ha vuelto habitual en el panorama económico.
Los hallazgos provienen del 'Barómetro Económico' correspondiente al segundo semestre de 2025, que ha sido elaborado por el Servicio de Estudios del CGE junto con el registro de Economistas Expertos en Marketing (EMK-CGE). Este estudio recopila datos a partir de encuestas a economistas colegiados en toda España, proporcionando un análisis detallado de la situación actual.
A pesar del crecimiento que reflejan los indicadores macroeconómicos, con un aumento proyectado de alrededor del 3% en el PIB español para 2025, la gran mayoría de los economistas encuestados no observa una correlación directa entre este crecimiento y la mejora de las condiciones en el ámbito microeconómico, es decir, en la vida cotidiana de la población.
Además, más de la mitad de los participantes en la encuesta prevén un deterioro en la economía nacional en los próximos seis meses, en un contexto que sugiere un crecimiento más moderado para 2026, fijado también en aproximadamente un 2,3% del PIB. Esta desconfianza se hace evidente en el Índice de Expectativas Económicas, que ha caído notablemente hasta -67,7 puntos, confirmando las perspectivas pesimistas para el futuro inmediato.
Miguel Vázquez Taín, presidente del CGE, subraya la relevancia de estos resultados, apuntando a que la incertidumbre es un rasgo característico no solo del contexto español, sino también del internacional. A pesar de las cifras optimistas a nivel macroeconómico, la percepción sobre la economía de los hogares y las empresas es bastante desalentadora, lo que indica la urgente necesidad de implementar reformas profundas que mejoren la productividad y competitividad.
En cuanto al desempleo, las expectativas de reducir la tasa de desempleo han caído al 17,3%, en contraposición al 25,5% anterior. Igualmente, ha aumentado la percepción de estabilidad laboral (45,2%) y ha crecido la expectativa de incremento del paro (37,5%). La percepción general sobre el desempleo se ha mantenido sin variaciones significativas, reflejando una estabilización que no se traduce en mejoras concretas.
Las dificultades de ahorro en los hogares también se presentan como una preocupación creciente, con un 46,4% de los encuestados anticipando problemas para ahorrar en los próximos seis meses. Las expectativas de ahorro han entrado en terreno negativo, registrando -0,9 puntos.
Respecto a los factores que obstaculizan la competitividad, las estadísticas revelan que la presión fiscal (75,3%) y los costes salariales (72%) continúan siendo vistas como las principales barreras, con ambos elementos mostrando un aumento respecto al semestre anterior. El encarecimiento de la energía (58,5%) y un impacto creciente del desempleo (47,7%) también son preocupaciones significativas, mientras que en las comunidades autónomas persisten las mismas tendencias de presión fiscal y costes salariales como obstáculos principales.
Este Barómetro también aborda temas de actualidad económica, como la reciente propuesta gubernamental para incrementar las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ha recibido una valoración bastante negativa: el 66,7% de los economistas cree que tendrá efectos perjudiciales, mientras que solo el 4,5% opina que no habrá repercusiones negativas.
Asimismo, respecto a la finalización de los desembolsos de los fondos europeos del plan de recuperación 'Next Generation EU', un 60,8% de los encuestados prevé que este hecho tendrá un impacto adverso en el crecimiento económico, frente a un escaso 5,8% que no considera que haya efectos negativos.
Por último, en relación con la calidad del empleo tras la reforma laboral de 2021, un 59,9% de los encuestados tiene una valoración negativa, en contraste con el 24,7% que ve estabilidad y el 15,4% que menciona alguna mejora. Esta cifra refuerza la percepción generalizada de que los cambios en el mercado laboral han sido más dañosos que beneficiosos para los trabajadores.
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