En una decisión que resalta el compromiso del Gobierno español con los derechos humanos, el Consejo de Ministros ha autorizado recientemente la transferencia de 975.000 euros a dos organismos de la ONU dedicados a la protección y promoción de estos derechos fundamentales. Esta medida, presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, enfatiza la intención del Ejecutivo de priorizar el desarrollo sostenible, donde la justicia social y los derechos humanos ocupen un lugar central.

De esta considerable suma, 700.000 euros se destinarán a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Esta inversión permitirá a la ONU fortalecer su enfoque integral sobre derechos humanos en todas sus funciones y actividades, reafirmando así el compromiso global hacia la justicia y la equidad.

Además, la asignación tiene el objetivo de promover un modelo económico que no solo sea más justo, sino que también esté alineado con los principios de los derechos humanos. A su vez, se busca solidificar la Agenda 2030 como pilar fundamental para un desarrollo equitativo y sostenible, impulsando colaboraciones que aseguren que las empresas respeten efectivamente los derechos humanos en sus operaciones.

Por otro lado, se destinarán 275.000 euros a ONU Mujeres, la agencia de la ONU que trabaja para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta parte de la financiación se enfocará en fortalecer el desarrollo de sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe, buscando visibilizar y valorar el trabajo crucial que, a menudo, permanece en la sombra y es realizado mayoritariamente por mujeres. Con este apoyo, se espera mejorar las políticas públicas en esta área y fomentar la participación activa de organizaciones de mujeres en el diseño de agendas relacionadas con los cuidados.

El Ministerio de Derechos Sociales sostiene que esta inversión es fundamental para consolidar políticas públicas que centren a las personas en el eje de la acción del Estado. En un panorama internacional que enfrenta desafíos crecientes y cuestionamientos acerca de la importancia de la agenda de derechos humanos y el desarrollo sostenible, se vuelve más urgente que nunca una respuesta coordinada que abogue por la justicia social, la igualdad y la dignidad para todos.