En una reciente reunión del Consejo de Ministros, celebrada el 23 de diciembre, se llevó a cabo la aprobación de un acuerdo fundamental que establece los criterios para la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Esta decisión se vuelve especialmente relevante dado que no se han presentado nuevas cuentas públicas para los años 2024 y 2025, lo que implica que las disposiciones actuales seguirán vigentes.

La legislación española contempla este procedimiento en el artículo 134 de la Constitución, que estipula que si al llegar el 1 de enero no se ha promulgado una nueva Ley de Presupuestos, se procederá automáticamente a la prórroga de las cuentas del ejercicio anterior. Por lo tanto, la prórroga de los PGE de 2023 se llevará a cabo de forma automática el próximo 1 de enero, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto para 2026 en la primera mitad del año.

Esta será la undécima ocasión en que se aplica una prórroga de este tipo desde que se instauró la democracia, un fenómeno que ya ocurrió en años como 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, 2018 en dos ocasiones, y ahora nuevamente en 2023. Ante la fragmentación del arco parlamentario, especialmente tras el anuncio de la ruptura de Junts, el Ejecutivo enfrentará el desafío de lograr alianzas suficientes para la aprobación de nuevas cuentas públicas en el país.

Aunque la situación es incierta, el Gobierno ha establecido un 'techo de gasto' de 216.177 millones de euros para el Presupuesto del Estado de 2026, cifra récord que se ha preparado pese a la negativa del Congreso. La estrategia de déficit y deuda también está definida, aunque tendrá que alinearse con el plan fiscal estructural ya presentado a la Unión Europea, lo que podría limitar aún más el gasto de las comunidades autónomas.

Así, el déficit se reduciría desde el 2,1% en 2026 hasta el 1,8% en 2027 y un 1,6% en 2028, en tanto que la deuda pública se fijaría en un objetivo del 100,9% del PIB en 2026, 100% en 2027 y un 99,1% en 2028. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que los Presupuestos de 2026 tendrán un enfoque "expansivo y responsable", buscando generar consenso entre los diferentes grupos políticos y presentarse como una necesidad para los ciudadanos.

Los criterios para la prórroga de este año también integran recientes modificaciones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que finalizará a finales de 2026. Un ejemplo significativo de esto fue la aprobación, el 16 de septiembre de 2025, de una 'adenda dana' para hacer frente a los estragos causados por desastres naturales ocurridos entre octubre y noviembre de 2024.

Esta adenda introduce el Componente 32, cuyo propósito es fortalecer la resiliencia del país frente a fenómenos meteorológicos extremos y otras crisis económicas. Al mismo tiempo, se redirigen fondos del Plan hacia nuevas inversiones utilizando recursos disponibles de partidas ya ejecutadas.

En otra decisión importante, el 9 de diciembre de 2025, se aprobó una adenda centrada en la simplificación del Plan de Recuperación. Esta medida busca optimizar los procesos de verificación y ejecución de recursos, aliviando la carga burocrática para priorizar acciones estratégicas antes de que finalice el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el año entrante.

Con el objetivo de maximizar la absorción de los Fondos 'Next Generation', se establecen requisitos previos para la creación de nuevos gastos asociados a estos recursos, obligando a los departamentos ministeriales a adaptar los créditos prorrogados a las necesidades del Plan de Recuperación para el año 2026.