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El Gobierno establece una nueva regulación para agentes de igualdad, con un periodo de transición de 10 años para evitar el intrusismo profesional.

El Gobierno establece una nueva regulación para agentes de igualdad, con un periodo de transición de 10 años para evitar el intrusismo profesional.

En una decisión histórica, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley, promovido por el Ministerio de Igualdad, que busca regular la profesión de los agentes de igualdad. Este ambicioso plan contempla un periodo transitorio de diez años para su implementación.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ofreció detalles sobre esta iniciativa en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo. Según Redondo, el propósito central de esta ley es "profesionalizar a aquellos que desempeñan funciones cruciales en el ámbito de la igualdad" y "reconocer formalmente la formación y habilidades especializadas de los agentes de igualdad".

Además, destacó la importancia de evitar el intrusismo profesional que, según dijo, "actualmente persiste", garantizando así que los servicios relacionados con la igualdad sean de alta calidad y respondan a las necesidades reales de la sociedad.

Redondo también subrayó que la certificación profesional de estos agentes es una "reivindicación histórica", anhelada tanto por los profesionales en este campo como por los movimientos feministas, que han clamado durante años por un reconocimiento formal de esta labor.

La ministra recordó que ya en 2011, el Instituto de las Mujeres inició un proceso para legitimar la titulación de los agentes de igualdad, aunque no logró concretarse en ese momento. "Este trabajo ha sido recuperado y plasmado en un anteproyecto que esperamos ver hecho realidad el próximo año", recalcó Redondo.

Respecto a las funciones de los agentes de igualdad, la ministra detalló que se encargarán de analizar y diagnosticar acciones que provoquen desigualdad y discriminación entre géneros, así como participar en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. También ofrecerán asesoría técnica externa sobre la creación y seguimiento de protocolos contra el acoso y la violencia de género.

La normativa incluirá un periodo de adaptación de diez años, permitiendo que quienes no cuenten con experiencia formal puedan acreditarse como agentes de igualdad. Para obtener esta certificación, deberán demostrar una experiencia laboral de al menos tres años continuados o cinco años discontinuos en funciones vinculadas, además de poseer una titulación de técnico/a de Grado Superior en Formación Profesional o un título universitario en estudios de género, feminismo o políticas de igualdad.

En este contexto, Redondo mencionó la existencia de un grado específico en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre acciones y políticas de igualdad, así como otros másteres ofrecidos por diversas universidades, tanto públicas como privadas, en toda España.

El compromiso de este Gobierno con la igualdad es firme y se fundamenta en principios feministas que sustentan políticas transformadoras. Redondo enfatizó que se continuará avanzando en la creación de estructuras y programas que promuevan la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha renovado el Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022-2025 (PEIEMH), un documento clave para guiar los cambios necesarios en las instituciones y la sociedad para alcanzar una verdadera igualdad.

Este plan establece los ejes de intervención necesarios en los ámbitos de competencia de la Administración General del Estado, así como los objetivos estratégicos que se consideran prioritarios en los próximos años, abarcando tanto desafíos de cambio organizacional como de funcionamiento a nivel interno y externo, además de cuestiones socioeconómicas relevantes.