El Gobierno evaluará la desigualdad de género en la Administración y fortalecerá el protocolo contra el acoso sexual.
El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la igualdad de género en el ámbito laboral al anunciar un ambicioso plan destinado a erradicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la Administración Pública. Esta iniciativa fue aprobada en la reunión del Consejo de Ministros llevada a cabo el pasado martes, y su objetivo primordial es identificar y cerrar cualquier brecha existente en la remuneración.
Conocido como el IV Plan para la Igualdad de Género, este programa es fruto de la colaboración entre el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y el Ministerio de Igualdad. Según el ministro Óscar López, el plan busca crear un entorno laboral en la Administración General del Estado (AGE) donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y donde se garantice un trato justo en todos los niveles, desde la entrada hasta los puestos de alta dirección.
El ambicioso plan está estructurado en 20 objetivos concretos y contempla 45 acciones centradas en áreas como la capacitación, la sensibilización y las condiciones laborales. López destacó la importancia de fomentar un equilibrio en la representación de géneros en todos los puestos de trabajo, así como abordar aspectos de corresponsabilidad en la vida personal y profesional de los empleados públicos.
Una de las características más innovadoras del plan es su enfoque en la recogida de datos sobre desigualdad de género, lo que permitirá realizar un seguimiento continuo y detectar áreas que nuevamente requieren atención y mejora. Este enfoque data-driven busca asegurar que el progreso hacia la igualdad sea tangible y medible.
El plan ha sido resultado de un proceso de negociación en la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades, donde se han integrado herramientas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La aprobación reciente por parte de la Mesa General de la AGE también cuenta con el apoyo de los sindicatos, lo que resalta la importancia de la colaboración en la promoción de la igualdad en el lugar de trabajo.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la realización de un estudio dedicado a la brecha salarial en la AGE, así como el desarrollo de un plan de acción concreto para abordar y corregir las disparidades salariales que se detecten. Además, se promueve la equidad de género en todos los niveles de decisión dentro de la administración, asegurando que tanto hombres como mujeres estén igualmente representados en roles de liderazgo.
El programa también incluye iniciativas para atraer talento en áreas donde hay una notable falta de representación femenina, particularmente en campos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM). Se busca capacitar a las empleadas para que se integren en estos sectores a través de programas de formación e inclusión de contenido de igualdad de género en los procesos de selección.
Por otro lado, en lo que respecta a la violencia de género, se han establecido mecanismos para fortalecer las unidades de igualdad en la Administración. Esto incluye la implementación de ‘Puntos Violeta’, que servirán como centros de información y apoyo para quienes necesiten asistencia en situaciones de violencia machista.
El plan también enfatiza la protección de las empleadas públicas que son víctimas de acoso sexual, estableciendo un protocolo más robusto para atender y mejorar su situación, con el objetivo de que la Administración se convierta en un “espacio seguro al 100% para las mujeres”. En caso de que una empleada víctima de violencia de género necesite asistencia, se amplía su reserva de puesto de trabajo de seis meses a un año para facilitar su recuperación.
Por último, el documento se centra en la conciliación de la vida laboral y personal, destacando que el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE son solicitados por mujeres, quienes generalmente asumen la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado. Se proponen medidas para extender los beneficios, como la jornada intensiva de verano, a aquellos empleados encargados del cuidado de personas mayores dependientes y mejoras en la planificación de vacaciones y permisos.
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