El Gobierno introduce el "permiso climático": hasta cuatro días de licencia laboral por desastres naturales.
El Consejo de Ministros de España ha dado un paso importante en la protección de los derechos laborales al aprobar, a propuesta del Ministerio de Trabajo, un Real Decreto-ley que introduce medidas significativas en relación con la prevención de riesgos laborales derivados del cambio climático y otras catástrofes naturales. Esta iniciativa subraya el compromiso del gobierno con políticas que respondan a la creciente urgencia de abordar el impacto del cambio climático en el ámbito laboral.
Entre las novedades más relevantes se encuentra la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que ahora incluirá un nuevo permiso retribuido, denominado "permiso climático". Este permiso garantiza que los trabajadores podrán ausentarse de su puesto laboral en situaciones de catástrofe o de alertas climáticas sin temor a perder su remuneración.
Específicamente, los trabajadores tendrán derecho a permisos remunerados de hasta cuatro días si enfrentan la imposibilidad de acceder al lugar de trabajo o moverse por las vías necesarias debido a recomendaciones o prohibiciones impuestas por las autoridades competentes. Esto incluye situaciones de emergencia que impliquen riesgos graves, como desastres naturales o fenómenos meteorológicos adversos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, enfatizó que, a partir de esos cuatro días, las empresas tendrán la opción de gestionar a los trabajadores a través de un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, asumiendo su coste. “Por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, se establecerán permisos climáticos reales”, destacó Díaz, resaltando la innovación que representa esta norma.
Además, las empresas podrán optar por implementar el trabajo a distancia, de acuerdo con la Ley 10/2021, siempre que la naturaleza de su actividad lo permita. Esta flexibilidad en las modalidades de trabajo es fundamental ante la realidad de emergencias climáticas cada vez más frecuentes.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, puntualizó que estos permisos climáticos solo se activarán cuando no sea posible acudir físicamente al trabajo y no sea factible el teletrabajo. Esto establece un marco claro para entender las circunstancias que pueden activar estos derechos, dejando un importante papel a los representantes de los trabajadores en la identificación de estas situaciones.
Díaz añadió que la nueva normativa protegerá a los trabajadores de eventuales incumplimientos o denegaciones de estos permisos. “Nadie podrá sufrir consecuencia negativa por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo deberá garantizar su cumplimiento”, destacó la ministra, subrayando la importancia de un marco regulatorio robusto para la defensa de los derechos laborales.
LOS CONVENIOS TENDRÁN QUE INCLUIR PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
La nueva legislación también establece que todos los convenios colectivos deberán incluir un protocolo de actuación que contemple medidas específicas para prevenir riesgos relacionados con fenómenos extremos y catástrofes climáticas. Esto representa un avance crucial en la adaptación del tejido laboral ante el reto del cambio climático.
Los representantes legales de los trabajadores adquirirán, a partir de ahora, el derecho a estar informados sobre las medidas que se adoptarán en caso de activación de alertas por desastres o fenómenos climáticos adversos, y tendrán la capacidad de decidir sobre la paralización de la actividad laboral si es necesario.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social está comprometido a elaborar, en un plazo de 12 meses, un nuevo Real Decreto que se enfoque en la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático en el entorno laboral. Esta iniciativa es una respuesta directa a la necesidad de crear un marco laboral seguro en un contexto climáticamente inestable.
Entre las medidas adicionales aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, se destaca el derecho de los trabajadores a ser informados sobre las acciones previstas en caso de alertas por catástrofes. La empresa tendrá la responsabilidad de comunicar a sus empleados, de manera oportuna, las medidas a adoptar ante situaciones de riesgo, suspendiendo la actividad laboral hasta que se elimine el peligro.
Las compañías tendrán un año para desarrollar y adaptar protocolos climáticos ajustados a sus sectores específicos. “Es fundamental que cada empresa, en función de su actividad, adapte estos protocolos que ya forman parte de nuestras vidas ante la emergencia climática”, afirmó la ministra.
Díaz también enfatizó que los riesgos climáticos varían según la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, el desafío que enfrenta un trabajador en la construcción al aire libre no es comparable con el de un empleado en una oficina. “Por lo tanto, se otorga a cada empresa el mandato de que en un plazo de 12 meses debe establecer sus propios protocolos, similares a los que ya tenemos para abordar situaciones de violencia machista o discriminación”, concluyó en una entrevista con TVE, reafirmando el compromiso del Gobierno con una adaptación proactiva ante el cambio climático.