El 16 de junio en Madrid, el Gobierno ha avanzado un paso significativo en la protección de los derechos de las personas con dependencia y discapacidad al remitir su anteproyecto de ley a varios órganos consultivos, como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, informaron fuentes ministeriales a Europa Press.

El contenido de este anteproyecto, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero bajo la batuta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, está destinado a ser revisado por los consultores antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Esto permitirá que, posteriormente, se inicie su tramitación en el Parlamento, que se espera comience en septiembre, como señaló la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la semana pasada.

Esta reforma incluye medidas cruciales, como la declaración de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para quienes padecen algún grado de dependencia y la eliminación de las incompatibilidades existentes entre diferentes prestaciones.

De acuerdo con explicaciones del Ministerio de Derechos Sociales, estas reformas buscan implementar "un cambio profundo" hacia un modelo de cuidados comunitarios que fomente la autonomía, con la intención de que la ley de dependencia sea rebrandeada como la ley "de la autonomía".

Las reformas proponen establecer estándares mínimos que serán de cumplimiento obligatorio, además de ofrecer un marco legal que permita a los ciudadanos reclamar servicios contemplados en la ley que no estén disponibles por parte de las administraciones autonómicas, quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.

Otra de las prioridades de la reforma es simplificar los procesos administrativos para reducir la burocracia, lo cual implica que las personas reconocidas oficialmente con dependencia se asemejarán a una discapacidad del 33%. Este cambio busca facilitar el acceso a diversas ayudas sin la carga de trámites complicados.

Además, se busca eliminar rigideces y mejorar la adaptabilidad del sistema, supliendo el régimen de incompatibilidades entre distintas ayudas, una restricción impuesta en los recortes de 2012. Esto permitirá a las personas beneficiarse simultáneamente de varios tipos de apoyo, como la ayuda a domicilio y el centro de día.

El anteproyecto también elimina el periodo de espera de dos años que anteriormente retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el hogar, al mismo tiempo que simplifica los procedimientos administrativos relacionados con el Programa Individual de Atención (PIA), reafirmando el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los servicios que desean recibir.

Una atención especial se otorgará a aquellas personas en situaciones vulnerables a través de un "procedimiento de urgencia" que abordará problemáticas como demencias, violencia de género o situación económica precaria, facilitando así un tratamiento más rápido de sus expedientes.

La reforma también se amplía en su enfoque hacia la prestación económica para el cuidado en el domicilio, permitiendo así que también se pueda acceder a la ayuda cuando el cuidado sea proporcionado por amigos o personas cercanas, adaptándose a las nuevas modalidades de convivencia y a la realidad de quienes viven solas. La última versión del anteproyecto aclara que los cuidadores también pueden ser parte del entorno familiar o relacional.

Además, los servicios de ayuda a domicilio, que anteriormente se limitaban a necesidades básicas, se ampliarán para incluir actividades comunitarias, como hacer la compra o acompañar a citas médicas. También se han eliminado las restricciones que limitan la asistencia personal a entornos educativos y laborales para abarcar todas las etapas de la vida.

El catálogo de servicios se enriquecerá con tres nuevos elementos, ya en desarrollo en algunas comunidades autónomas: modelos de vivienda colaborativa ('cohousing'), servicios de préstamo de sillas de ruedas y asistencia personal, ampliando así el acceso a recursos que faciliten la autonomía.

Ministeriales han señalado que las cuantías y condiciones de estos servicios serán definidas por el Consejo Territorial, que actualizará el correspondiente Real Decreto tras la aprobación de la ley, asegurando así que los cambios se reflejarán en la normativa autonómica.

La reforma también refuerza el derecho a elegir y mantenerse en un entorno comunitario, priorizando las preferencias del usuario al asignar residencias y garantizando una atención sin sujeciones, que solo se utilizarán en circunstancias excepcionales. Asimismo, se busca garantizar el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, evitando situaciones como las vividas durante la pandemia.

En el ámbito de la discapacidad, la iniciativa incorpora un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, destinado a financiar mejoras como la instalación de rampas y sistemas de audiodescripción en espacios públicos como museos.

Además, se establece la accesibilidad universal como un derecho fundamental, garantizando su implementación en el Sistema Nacional de Salud y prohibiendo prácticas discriminatorias por parte de aseguradoras hacia personas con discapacidad. También se supervisarán tecnologías como la inteligencia artificial para evitar sesgos en la selección de personal.

La reforma impulsará modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal, obligando a realizar obras que garanticen la accesibilidad, como la instalación de rampas o ascensores, así como la obligación de las comunidades de vecinos de gestionar ayudas cuando algún residente lo solicite.

Por último, la propuesta fortalece la protección de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo su derecho a constituir una familia. Asimismo, las infracciones graves serán notificadas en espectáculos que expongan a personas con discapacidad, destinando las multas recaudadas a programas de promoción de la accesibilidad universal.