El pasado martes, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un conjunto de iniciativas destinadas a la protección de los derechos digitales, destacando la implementación de una innovadora 'huella de odio y polarización'. Esta nueva herramienta tiene como propósito fundamental enfrentar y reducir la propagación de mensajes que incitan al odio.

Sánchez enumeró cinco acciones estratégicas que buscan restaurar la autoridad del Gobierno en la regulación del entorno digital y en la gestión de las redes sociales. Con ello, se propone un enfoque más riguroso contra los contenidos que generan divisiones y alimentan el conflicto social, responsabilizando directamente a las plataformas que permiten su difusión sin actuar en consecuencia.

Una de las piezas clave de esta estrategia es la creación de un sistema que permita "seguir, cuantificar y revelar" cómo las redes sociales alimentan la polarización y amplifican discursos de odio. Según el presidente, esta 'huella de odio y polarización' facilitará la imposición de sanciones a las empresas que operan estas plataformas, subrayando que "difundir odio debe tener un costo ético y económico".

Las propuestas incluyen también la consideración de delitos asociados a la manipulación malintencionada de algoritmos y la difusión de contenidos ilegales, así como una acción decidida para erradicar los contenidos sexualizados de menores, una cuestión sobre la que el Gobierno ha manifestado tener "tolerancia cero".

En términos de responsabilidad, los directivos de las empresas tecnológicas serán considerados culpables penalmente si sus plataformas no retiran contenido considerado odioso o ilegal, lo que marca un cambio significativo en la forma de abordar la gobernanza digital.

Finalmente, se plantea una importante restricción: la prohibición de acceso a redes sociales para jóvenes menores de 16 años, siguiendo el precedente de la legislación australiana que entró en vigor el pasado diciembre. Esta medida obligaría a las empresas a implementar sistemas de verificación de edad más efectivos.

Según lo anunciado por Sánchez, estas propuestas serán sometidas a aprobación en el próximo Consejo de Ministros, marcando un paso firme hacia la regulación de la cultura digital en España.