El Gobierno proporcionará vivienda a migrantes de Canarias en Carabanchel y Alcalá de Henares, Madrid.
El Gobierno ha anunciado la habilitación de dos alojamientos en Carabanchel y Alcalá de Henares, en Madrid, para acoger a migrantes procedentes de Canarias, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos campamentos se instalarán en terrenos de Defensa y formarán parte del plan de contingencia para atender la emergencia humanitaria en Canarias, que ha recibido a más de 23.000 personas en lo que va de año, un 80% más que en 2020.
El ministro José Luis Escrivá ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien criticó la falta de información del Gobierno central sobre la llegada de migrantes a la Península. Escrivá calificó estos comentarios de "absoluta falsedad" e "insulto intolerable" a las ONG que colaboran en la acogida de inmigrantes.
Varios Gobiernos autonómicos y ayuntamientos del Partido Popular (PP) han mostrado su descontento con la política de traslado de migrantes desde Canarias, exigiendo una mayor coordinación e información por parte del Gobierno central. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, reprochó al Gobierno su "deslealtad institucional" por no haber informado al ayuntamiento sobre el traslado de más de 320 migrantes a la ciudad.
La Junta de Extremadura también ha reclamado coordinación al Gobierno y ha criticado la falta de previsión ante la llegada de nuevos migrantes a la región. Por su parte, el Gobierno de Aragón se quejó de la "deslealtad institucional" del Ejecutivo central por el traslado de 195 migrantes a la provincia de Huesca, aunque el delegado del Gobierno en la región negó estas acusaciones y afirmó que se están tomando medidas para reubicar a los migrantes.
En resumen, el Gobierno habilitará alojamientos en Madrid para acoger a migrantes llegados de Canarias ante la emergencia humanitaria en las islas. Sin embargo, la falta de coordinación y la deslealtad institucional entre el Gobierno central y las administraciones regionales y locales han generado críticas y exigencias de mayor colaboración y transparencia.
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