En un reciente encuentro con los medios en Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Gobierno de España no transferirá la gestión de las fronteras a la Generalitat de Cataluña a pesar de permitir que esta última proponga y ejecute expulsiones, en un marco claramente definido de competencias.

Saiz delineó dos categorías diferentes en lo que respecta al proceso de expulsiones: en ciertas situaciones, donde no se requiere un expediente formal, la Generalitat podrá actuar en base a la normativa de Extranjería. Esto incluye casos específicos, como aquellos individuos que tienen prohibida la entrada al país. En cambio, para los casos donde sí es necesaria la elaboración de un expediente, cabe la posibilidad de que la Generalitat haga propuestas al respecto, explicó la ministra.

La titular del ministerio destacó que la delegación de competencias es un aspecto contemplado en la Constitución española, subrayando que toda esta iniciativa está respaldada por el marco legal. “Hablamos de un proceso que se fundamenta en la Constitución y se desarrolla en base a sus preceptos”, comentó Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, Saiz hizo hincapié en la relevancia de Cataluña en términos de migración, señalando que históricamente ha sido un punto de llegada para numerosos extranjeros. Con un 18% de su población ostentando nacionalidad extranjera y un 25,1% con antecedentes extranjeros, Cataluña posee una rica diversidad que la ministra considera fundamental para la rentabilidad social de la comunidad.

La ministra recordó que la voluntad política en Cataluña para abordar la gestión migratoria data desde hace más de tres décadas, mencionando la creación de una comisión interdepartamental en 1992 como un indicativo de este compromiso. Además, subrayó la importancia de la participación activa de las administraciones locales y autonómicas, como la Generalitat, en el diseño y ejecución de políticas migratorias, por su cercanía y comprensión de la realidad social.

Por último, Saiz hizo un llamado a la apertura respecto a la delegación de competencias, afirmando que si otras comunidades autónomas manifestaran interés en solicitar este tipo de autoridad, cada caso sería analizado de manera rigurosa. Reiteró que cualquier actuación en este ámbito se regirá estrictamente por el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.