En un llamado urgente a la solidaridad y la colaboración, el Ministerio de Juventud e Infancia ha hecho un nuevo requerimiento a las comunidades autónomas para que compartan de inmediato los datos sobre el acogimiento de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esta solicitud se produjo el martes, tras la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se expresaron diversidad de opiniones y críticas, especialmente de aquellas regiones gobernadas por el Partido Popular, que argumentaron que los criterios establecidos por el gobierno son "arbitrarios y forzosos".

La ministra Sira Rego enfatizó la imperante necesidad de resolver la situación de vulnerabilidad que enfrenta la infancia migrante en territorios como Canarias y Ceuta. Rego instó a las comunidades que aún no han proporcionado los datos solicitados, incluyendo Aragón, a actuar con "altura de país", reafirmando que la cooperación es esencial en este contexto de crisis humanitaria.

Este esfuerzo por parte del Ministerio se enmarca dentro de la tramitación de un real decreto-ley que prioriza los derechos de todos los niños y niñas, asegurando que ninguna región quede rezagada. Este enfoque se fortaleció con la convalidación del legislativo el pasado 11 de abril, y ahora se busca avanzar en la implementación de un Plan de Respuesta Solidaria ante la emergencia migratoria en la infancia.

La recopilación de datos es fundamental para evaluar la capacidad de acogida de las diferentes comunidades autónomas y es un paso preparado para la gestión adecuada de la situación extraordinaria que enfrentan los menores migrantes no acompañados.

Cabe resaltar que este no es el primer intento del Ministerio. Desde marzo se solicitó a las autonomías que reportaran sus cifras de acogimiento, pero varias regiones, incluida Aragón, no han respondido de manera satisfactoria. Madrid, por su parte, ofreció información de manera general y asimétrica, lo que no ha ayudado a aclarar la realidad de los sistemas de acogimiento.

Por otro lado, en la misma jornada, el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación urgente del Real Decreto que facilitará la gestión de los menores migrantes no acompañados. Esta decisión abre la puerta a implementar mecanismos subsidiarios necesarios para garantizar una correcta ejecución de las políticas de acogida, estableciendo procedimientos claros y seguros para todos los implicados.

Las autoridades subrayan que la rapidez en este proceso es crucial, tanto por la saturación de los sistemas de protección en diversas comunidades como por la necesidad de cumplir con los plazos estipulados en el propio real decreto-ley, que exige la finalización de las reubicaciones dentro del año posterior a su entrada en vigor. La migración de menores no acompañados es un desafío que demanda respuestas inmediatas y eficaz colaboración entre todas las partes involucradas.