El pasado 28 de enero, el Ministerio de Justicia ha iniciado el proceso para evaluar una solicitud de indulto para Álvaro García Ortiz, quien fue fiscal general del Estado. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, según el fallo del Tribunal Supremo. El Gobierno ha solicitado a este mismo tribunal que emita su opinión sobre la petición de indulto, dado que fue el órgano que dictó la sentencia original.

Dos ciudadanos han formalizado la solicitud de indulto, la cual ha sido enviada al Tribunal Supremo para su evaluación. Este procedimiento ha sido confirmado por fuentes gubernamentales y detallado por el medio 'El País'. La normativa permite que los peticionarios del indulto sean los propios condenados, sus familiares o terceros en su representación.

Es importante señalar que cualquier solicitud de indulto debe ser revisada por el tribunal que dictó la sentencia, en este caso, el Supremo, el cual también debe escuchar a la Fiscalía y a la parte perjudicada en el proceso. La decisión final sobre el indulto recae en el Rey, pero debe ser propuesta por el Ministro de Justicia y consultada previamente en el Consejo de Ministros, con la formalización mediante un real decreto que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La condena contra García Ortiz fue emitida en diciembre del año pasado, con una pena de inhabilitación de dos años, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La sentencia se fundamentó en su implicación en la filtración de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo indicó que el ex fiscal general o alguien de su círculo cercano, con su consentimiento, filtró información a la 'Cadena SER' sobre este correo, donde se ofrecía a confesar delitos fiscales a cambio de beneficios legales. Esta revelación ocurrió en marzo de 2024, generando una controversia significativa.

La decisión del tribunal fue respaldada por cinco de los siete magistrados, aunque dos magistradas expresaron su desacuerdo total con la condena, sosteniendo que solo existían sospechas y defendiendo que García Ortiz debía ser absuelto.

García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad respecto a la sentencia, el cual está a la espera de resolución, en el que refuerza su inocencia y cuestiona la integridad de la Fiscalía ante unos supuestos ataques a su credibilidad.