En Madrid, el proceso legal en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos sigue su curso, con el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, reafirmando su decisión de restringir la salida del país del político. Además, le ha sido retirado el pasaporte, aunque se le permitirá presentarse cada 15 días ante el Juzgado Decano de Valencia en lugar de comparecer ante la secretaría del alto tribunal mientras esté bajo investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Víctor de Aldama y sus asociados a cambio de comisiones.

En un auto difundido por Europa Press, el juez ha desestimado el recurso que interpuso Ábalos, quien actualmente es diputado del Grupo Mixto. Puente expresó que existen "razonables indicios" que apuntan a la posible implicación de Ábalos en delitos penales relacionados con el caso.

El magistrado rebatió la defensa del exministro, quien argumentó que su condición de representante político y su identificabilidad pública minimizaban el riesgo de fuga. Según Puente, las medidas cautelares impuestas son "necesarias" y "proporcionadas", limitando solo de manera leve la libertad de movimiento del investigado.

Ábalos también defendió su integridad al afirmar que no ha obtenido beneficio alguno de los bienes inmuebles que se le vinculan en la investigación. En relación a un apartamento en Plaza España, subrayó que nunca residió allí y que los pagos de alquiler fueron en su mayoría cubiertos por Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama.

En respuesta, el juez remarcó que, a pesar de las afirmaciones de Ábalos, el apartamento mencionado fue ocupado durante el periodo investigado por su pareja en ese momento, según lo declarado por el propio Ábalos.

Asimismo, el exministro se distanció de un chalet en La Alcaidesa, afirmando que no obtuvo ninguna ganancia económica de su alquiler y que fue desahuciado tras no poder cumplir con los pagos, después de un acuerdo amistoso. Sin embargo, Puente precisó que Ábalos no abordó en su recurso la cuestión de un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid, cuyo valor asciende a 1,9 millones de euros, señalando que la suma de todos estos inmuebles podría tener implicaciones incriminatorias relevantes.

A pesar de las restricciones, el magistrado afirmó que no hay ningún inconveniente en que las comparecencias quincenales se realicen en el Juzgado de Valencia, ya que es el domicilio del investigado. Sin embargo, dejó claro que si Ábalos se encontrara en Madrid en las fechas previstas, también podría presentar en la Secretaría del Tribunal Supremo.