El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se reunirá hoy a las 11:00 horas con representantes de los sindicatos CCOO y UGT en su ministerio. La agenda del encuentro se centrará en abordar los temas pendientes del acuerdo marco firmado por el Gobierno con estos sindicatos, incluyendo una esperada subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024 que aún no se ha implementado.

En la jornada de hoy, Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, también sostendrá una reunión a las 17:00 horas con CSIF, un sindicato que no fue parte del acuerdo marco establecido para el periodo 2022-2024, según informaron fuentes cercanas a esta organización a Europa Press.

Estos encuentros marcan un paso importante en la reanudación de las negociaciones dentro del sector público, en un momento en que las condiciones laborales de los empleados estatales son tema de creciente preocupación y debate.

La necesidad de una mesa de negociación se ha vuelto urgente, especialmente tras las recientes concentraciones de trabajadores del sector público y las advertencias de nuevas protestas, las cuales han llevado a UGT y CCOO a exigir a López la apertura de un nuevo marco de discusión para establecer un acuerdo plurianual que contemple aumentos salariales que superen el IPC real, buscando así recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Ambos sindicatos sugieren que un nuevo acuerdo podría replicar la estructura del anterior, que incluía un incremento salarial fijo junto a uno variable, relacionado con factores como el IPC armonizado y el crecimiento del PIB.

El sistema retributivo implementado en el acuerdo previo permitió un aumento de aproximadamente el 10% en los salarios de los funcionarios durante el periodo 2022-2024, siendo que en el momento de la firma del acuerdo la inflación se situaba en un 10%. Sin embargo, persiste la necesidad de ejecutar un aumento adicional y consolidado del 0,5% para el año próximo, un aspecto que UGT y CCOO han instado al Gobierno a resolver con urgencia.

Además de la cuestión salarial, ambos sindicatos piden que el nuevo acuerdo aborde la creación de más empleo y derechos, así como la reducción de la temporalidad en el sector público, demandando la eliminación de la tasa de reposición de vacantes como uno de los puntos clave de su agenda.

UGT ha solicitado que se establezcan ofertas públicas de empleo y planes de gestión de recursos humanos de carácter plurianual, que consideren el envejecimiento de la fuerza laboral, cuya media de edad es de 53 años, y la necesidad de agilizar los procesos de selección.

En este contexto, el sindicato ha solicitado que dicho proceso no supere los 18 meses, en contraste con la actual espera media de aproximadamente 36 meses desde la publicación de vacantes hasta su ocupación.

Asimismo, el Área Pública de CCOO, que incluye a las tres federaciones que agrupan a empleados públicos, ha anunciado una concentración de delegados el próximo 8 de abril frente al Ministerio de Hacienda, instando al Gobierno a que presente una propuesta de aumento salarial para 2025.

El sindicato ha señalado que esta movilización marcará el inicio de una campaña en la que la presión irá en aumento si el Gobierno no se muestra dispuesto a dialogar con los sindicatos.

Hasta el momento, los representantes de CCOO han recalcado que no pueden seguir esperando por una respuesta gubernamental sobre el incremento salarial para 2025, advirtiendo que el Gobierno tiene recursos suficientes para abordar este tema sin tener que esperar a los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, CSIF, que ha realizado varias movilizaciones en los últimos meses y no apoyó el primer acuerdo marco, está demandando la negociación de un nuevo pacto salarial, que se implemente de inmediato la subida del 0,5% pendiente, y que el aumento salarial se aplique de forma automática anualmente, similar a lo que ocurre con las pensiones o el salario mínimo interprofesional. También exigen una nueva oferta de empleo público para 2025, la eliminación de la tasa de reposición, y la implementación de la jornada laboral de 35 horas.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha expresado su falta de optimismo, pero enfatizó la necesidad de que el Gobierno gestione mejoras en los sueldos y condiciones laborales de los empleados públicos, advirtiendo que están atrasados en sus compromisos.

Borra ha manifestado su disposición a negociar en busca de soluciones, pero también ha alertado que, si no se cumplen las expectativas, lo que ha comenzado como protestas puede convertirse en un periodo de movilizaciones intensas en toda España, sugiriendo que podrían considerarse acciones más contundentes si la situación no cambia.