En un contexto de creciente tensión entre la iglesia y el Estado, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha expresado su descontento tras las recientes acciones del Gobierno español, al que acusa de intentar imponer lo que él denomina una "antropología de Estado". Esta crítica surge en el marco del anuncio del Ministerio de Igualdad de emprender investigaciones contra siete diócesis por su participación en cursos destinados a la conversión sexual de personas LGTBI+, así como de la reciente reunión entre la ministra Ana Redondo y Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Munilla, a través de su cuenta en la red social 'X', argumenta que el Ejecutivo no respeta la libertad que frecuentemente defendía antes de llegar al poder. En su opinión, el Gobierno ha asumido un papel de autoridad que le permite imponer una visión de la humanidad mediante legislación, lo cual, según él, infringe el principio de libertad religiosa. Curiosamente, el obispo señala que no ha escuchado a los dirigentes del Gobierno emitir críticas sobre el Islam, lo que, para él, sugiere un doble rasero en sus posturas.

El obispo considera que las acusaciones del Gobierno carecen de fundamento legal, a pesar de lo que califica como intentos de manipulación del sistema judicial. Munilla sostiene que los objetivos del Gobierno son, por un lado, infundir temor y silenciar a la Iglesia, y, por otro, desviar la atención pública de los presuntos escándalos de corrupción que involucran a miembros de la administración.

En su declaración, Munilla desestima rotundamente la idea de que la Iglesia esté llevando a cabo terapias de conversión, afirmando que la labor eclesiástica se limita a ofrecer acompañamiento espiritual a quienes enfrentan heridas emocionales. Esta aclaración subraya la distinción que hace entre su visión pastoral y lo que considera actividades coercitivas o manipulativas.

Munilla también expresa su incredulidad ante las voces que, en su opinión, critican las prácticas de la Iglesia, a la vez que respaldan legislaciones que permiten tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos para la modificación de sexo, incluso en menores sin el consentimiento parental. Este contraste lo lleva a utilizar una metáfora, sugiriendo que quienes hacen tales acusaciones están "intentando colar un mosquito" mientras ignoran un "camello" mucho más grande y evidente.

Finalmente, el obispo manifiesta su desaprobación hacia la propuesta de la ministra de que el Tribunal Constitucional se encargue de establecer las condiciones para la recepción de la Sagrada Comunión. En su comentario, indica que esta situación roza lo ridículo y lo absurdo, describiéndola como una mezcla entre sainete y tragicomedia, lo que refleja su preocupación por la separación entre la esfera religiosa y la intervención estatal en asuntos de fe.