Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha llevado su caso ante el Tribunal Supremo al solicitar que se eleve el monto de la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. González Amador argumenta que, desde la emisión de un comunicado oficial por parte de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, su reputación ha sido objeto de ataques constantes en los medios, convirtiéndolo en un "defraudador confeso" de forma reiterada.

En un recurso que ha sido presentado, el empresario expresa que los daños morales que él y su familia han experimentado son continuos y significativos, por lo que considera que la fianza, que actualmente se sitúa en 150.000 euros, debería incrementarse a 300.000 euros. Según su defensa, esta cantidad es necesaria para compensar lo que describen como una “ofensiva política” que afecta gravemente sus derechos.

González Amador alega que desde el momento en que se dio a conocer la comunicación de la Fiscalía, no ha habido un solo día en el que no se le haya etiquetado de manera negativa en medios y espacios públicos. La situación ha llevado a que personajes políticos, incluido el ministro de Justicia, lo referencien de manera despectiva, contribuyendo a la creación de lo que él mismo califica como un "relato político" perjudicial.

El abogado de González Amador subraya que este caso marca un hito en la vulneración de derechos fundamentales, señalando que nunca antes se había presenciado una violación tan palpable en el ámbito jurídico español provocada por la actuación de un fiscal general. La defensa se basa en la idea de que el daño causado es no solo significativo, sino también continuo, lo que debería reflejarse en la cantidad solicitada como forma de reparación.

Por lo tanto, con el aval de su abogado, la pareja de Díaz Ayuso demanda que se revise la decisión inicial y se aumente la indemnización por daños morales, señalando que la magnitud de los perjuicios sufridos justifica esta petición de fianza más elevada.